Country: Brasil

El acaparamiento global de tierras evidencia la creciente desigualdad de riqueza y la necesidad de reformas

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Extensas parcelas de tierra en el Sur Global están siendo cada vez más adquiridas por inversionistas internacionales y corporaciones ultrarricas, fomentando una creciente desigualdad – parte de una tendencia global de transferencia de riqueza que perjudica a los pobres y a la clase trabajadora.

Un nuevo informe de FIAN International y Focus on the Global South, Los señores de la tierra: terratenientes transnacionales, desigualdad y el imperativo de la redistribución, pone el foco en los diez mayores propietarios transnacionales de tierras del mundo – que controlan 404.457 km², un área del tamaño de Japón.

Esto forma parte de una fiebre mundial por la tierra. Desde el año 2000, corporaciones e inversores financieros han adquirido aproximadamente 65 millones de hectáreas de tierra – el doble del tamaño de Alemania. Hoy en día, el 70 por ciento de las tierras agrícolas globales están controladas por el 1 por ciento de las mayores explotaciones industriales.

Desplazamientos forzados

Esta concentración tiene graves implicaciones para la seguridad alimentaria, amenazando los medios de subsistencia de 2.500 millones de pequeños agricultores y 1.400 millones de las personas más pobres del mundo, la mayoría de las cuales dependen de la agricultura para sobrevivir. También está provocando violencia, desalojos forzosos, destrucción ambiental y contribuyendo al cambio climático.

Prácticamente todos los principales propietarios globales de tierras han sido implicados en informes sobre desplazamientos forzados, destrucción ambiental y violencia contra las comunidades.

Uno de los principales actores es el fondo de pensiones estadounidense TIAA, que ha adquirido decenas de miles de hectáreas en la región del Cerrado brasileño, una de las áreas con mayor biodiversidad del mundo. En el Cerrado, aproximadamente la mitad de la tierra ha sido convertida en plantaciones de árboles, grandes monocultivos agroindustriales y pastos para la producción ganadera  – en medio de informes sobre acaparamientos violentos de tierras, deforestación y destrucción ambiental que ya muestran signos de impacto en el clima.

TIAA casi cuadruplicó sus propiedades de tierras entre 2012 y 2023, pasando de 328.200 hectáreas a 1,2 millones de hectáreas.

Desigualdad

La concentración de tierras tiene consecuencias para el mundo entero. El hecho de que vastas extensiones de tierra en diferentes jurisdicciones estatales sean controladas por corporaciones distantes socava la soberanía estatal y la autodeterminación de los pueblos.

El monocultivo industrial a gran escala, a menudo llevado a cabo en estas tierras, es un importante motor del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la destrucción de ecosistemas, impidiendo transiciones justas hacia sistemas alimentarios y modelos económicos más equitativos y sostenibles.

Esto forma parte de una tendencia global de creciente desigualdad y concentración de la riqueza. Desde mediados de la década de 1990, el 1% más rico de la población mundial ha capturado el 38% de toda la riqueza adicional acumulada, mientras que el 50% más pobre ha recibido solo el 2%. Se estima que 3.600 millones de personas, o el 44% de la población mundial, viven ahora con menos de 6,85 dólares estadounidenses al día, un nivel que impide una vida digna.

Dado que el acaparamiento de tierras está impulsado en gran medida por el capital global y la acumulación de tierras a través de diferentes jurisdicciones por parte de corporaciones transnacionales y entidades financieras, la cooperación internacional es esencial. La próxima segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20) en Colombia a principios del próximo año ofrece una oportunidad crítica para que los gobiernos acuerden medidas que pongan fin al acaparamiento de tierras, reviertan la concentración de tierras y aseguren una distribución amplia y sostenible de los recursos naturales.

En un mundo que enfrenta crisis interconectadas – colapso climático, inseguridad alimentaria, pobreza persistente y desigualdad social – y una reconfiguración del equilibrio de poder global, existe una oportunidad para alejarse de las políticas neoliberales que han beneficiado a muy pocos, y crear un futuro global más justo y sostenible para todas y todos.

Para más información o entrevistas con medios, por favor contacte a Philip Seufert seufert@fian.org o Amanda Cordova-Gonzales cordova-gonzales@fian.org

Líderes guaraníes y kaiowá piden a UE y ONU que apoyen sus luchas

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En Brasil, el 62% de las tierras y reclamaciones territoriales indígenas existentes están pendientes de regularización o demarcación administrativa. La inseguridad en la tenencia resultante está en el centro de múltiples violaciones de los derechos humanos y de un brutal conflicto por la tierra en el que se han producido 795 asesinatos de indígenas y 535 casos de suicidio en los últimos cuatro años. Los pueblos guaraní y kaiowá de Mato Grosso do Sul se encuentran entre las principales víctimas.

Las violaciones y abusos de los derechos humanos, los conflictos socioterritoriales y las inseguridades contra los guaraníes y kaiowá (GK) se deben en gran medida a las incursiones en sus territorios tradicionales de empresas agroindustriales, terratenientes, condominios de lujo, cárceles ilegales y la expansión de megaproyectos de infraestructuras para el transporte de mercancías. Se han producido conflictos entre milicias armadas formadas por campesinos y sus sindicatos rurales y acciones paramilitares y operaciones militares de las fuerzas de seguridad del Estado carentes de autorización judicial. 

Explotación de los recursos naturales 

Las violaciones generalizadas del derecho de los guaraníes y kaiowá a una alimentación y nutrición adecuadas tienen su origen en el despojo histórico y continuado de sus tierras ancestrales. Esta explotación depredadora de sus recursos naturales ha provocado la contaminación del agua, la tierra y el aire por pesticidas y la negación de prácticamente todos sus derechos humanos. Desde la dificultad para acceder a la documentación y a los servicios públicos, pasando por la violencia psicológica y física derivada del racismo generalizado, hasta la dependencia de cestas de alimentos entregadas irregularmente, todas estas violaciones culminan en índices alarmantes de inseguridad alimentaria y hambre. La ya grave situación empeoró considerablemente durante el régimen de Bolsonaro, que vio un desmantelamiento sistemático de las políticas, programas y estructuras sociales, y la promoción de políticas y sentimientos anti-indígenas.

En un estudio reciente de FIAN Brasil y la Universidad de Grande Dourados, realizado en cinco comunidades guaraníes y kaiowas, se encontró que el 77% de los hogares viven con algún nivel de inseguridad alimentaria, mientras que el 33,6% de los hogares no tienen alimentos suficientes para alimentar a sus familias. 

Durante la gira de promoción, los líderes indígenas se reunirán con miembros del Parlamento Europeo, el Servicio de Acción Exterior de la Comisión Europea, así como con representantes de organismos de derechos humanos y misiones diplomáticas en Ginebra. También participarán en la 54ª sesión del Consejo de Derechos Humanos y en el examen de Brasil por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. FIAN Brasil, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, ha presentado un informe sobre la situación de los DESC en el país. 

Nos están asesinando 

«Vinimos a Europa para exigir la demarcación de nuestras tierras, el reconocimiento de las tierras tradicionales, la homologación de las tierras… para dar voz a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos. Para clamar para que el mundo sepa cómo vivimos… cómo estamos siendo asesinados, cómo estamos siendo violados, masacrados… por los propios poderes del Estado brasileño…», dijo Inaye Gomes Lopes, consejera en el municipio de Antônio João, en Mato Grosso do Sul y una de las representantes que abogan en Europa esta semana.  

«Espero que los funcionarios de la ONU/Unión Europea notifiquen a las autoridades brasileñas para que apliquen nuestros derechos territoriales, que están estipulados en la Constitución brasileña, y denuncien cómo se están violando nuestros derechos, se siguen violando, y (cómo) nos están masacrando…»

Entre sus reivindicaciones centrales también figuran la protección efectiva de los pueblos indígenas frente a los ataques violentos en el contexto de las reocupaciones de sus tierras ancestrales, la conclusión de los procesos de demarcación y el rechazo de la tesis del «marco temporal» y del proyecto de ley 2.903/23.  

Además, se insta a los responsables políticos y legisladores europeos a que garanticen que los acuerdos comerciales existentes y actualmente negociados, así como las inversiones y acciones de las empresas con sede o vínculos con la UE y sus Estados miembros, no alimenten aún más el conflicto de tierras ni contribuyan de otro modo a las violaciones de los derechos del pueblo GK. La prohibición de las exportaciones de agrotóxicos nocivos, prohibidos en la UE, a Brasil y otros países es otra demanda clave. 

FIAN Brasil y FIAN Internacional llevan acompañando a los Guaraní y Kaiowa desde 2005. Junto con Aty Guasu, CIMI y Justicia Global tienen una petición pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para más información o entrevistas con los medios de comunicación, póngase en contacto con Amanda G. Cordova, FIAN Internacional Communicación & Campañas: cordova-gonzales@fian.org  

Fotografía: Ruy Sposati/CIM
 

Comunidades rurales de Piauí, Brasil, piden medidas urgentes contra la violencia, el acaparamiento de tierras y la deforestación

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Una delegación de líderes de varias comunidades rurales del sur de Piauí ha entregado una carta a las autoridades estatales pidiendo medidas urgentes para salvaguardar sus derechos frente a la expansión del monocultivo y la especulación de la tierra. La pérdida de tierras y la deforestación continua destruyen los medios de subsistencia de la población rural, alteran la vida de las comunidades y provocan inseguridad alimentaria. 

La carta, firmada por FIAN Internacional y varias organizaciones internacionales, denuncia que las amenazas contra los líderes comunitarios y la deforestación se han intensificado en los últimos meses. El 5 de marzo, el Sr. Adaildo José Alves da Silva, líder indígena de la comunidad de Morro D'Água que ha estado resistiendo a los acaparadores de tierras, fue atacado con un machete por un hombre no identificado que le instó a renunciar a sus tierras.  

Simultáneamente, la deforestación se ha intensificado en diferentes partes de Piauí. Según imágenes por satélite, desde febrero de 2023 se han deforestado 2.590 hectáreas en una finca llamada Kajubar, cuya superficie se solapa con tierras reclamadas por comunidades locales. Cabe destacar que Piauí forma parte del Cerrado, la mayor sabana tropical del mundo y uno de los ecosistemas más importantes y biodiversos de América Latina que limita con el Amazonas.

«Las violaciones de derechos humanos en Piauí causadas por el acaparamiento de tierras, la deforestación, la fumigación con agrotóxicos y otros contaminantes, así como la violencia física y psicológica contra las comunidades rurales, han sido ampliamente documentadas y puestas en conocimiento de las autoridades estatales y federales», afirma la carta entregada hoy. «Los autores de la violencia suelen ser personas vinculadas a los acaparadores de tierras locales y/o a los agronegocios, pero las investigaciones han demostrado que los inversores internacionales desempeñan un papel clave en el fomento de las violaciones de los derechos humanos y los delitos medioambientales en la región.» 

En mayo de 2023, después de que organizaciones locales e internacionales llevasen 10 años planteando la cuestión de las inversiones problemáticas, el fondo médico alemán Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL) se retiró de las compras de tierras que habían provocado acaparamiento de tierras para el monocultivo de soja en el Cerrado.

Además, las autoridades de Piauí han cancelado recientemente las licencias medioambientales de varias grandes explotaciones y han impuesto multas a grandes terratenientes por deforestación ilegal continuada. Sin embargo, el Instituto de la Tierra de Piauí, INTERPI, no ha conseguido hasta ahora aplicar con celeridad una reciente ley de la tierra, que da prioridad a los títulos de propiedad colectivos de las comunidades rurales. Así pues, las violaciones de los derechos humanos, el acaparamiento de tierras y la deforestación continúan. 

La carta señala que «proteger los derechos de tenencia de las comunidades rurales es vital para acabar con la violencia y la destrucción del ecosistema en Piauí. Las autoridades federales y estatales brasileñas tienen la obligación, en virtud de la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos, de reconocer y proteger los derechos de tenencia de las comunidades, en particular sus derechos de tenencia colectiva.» 

Esta acción ha sido organizada por el Coletivo de Povos e Comunidades Tradicionais, CPT- Piaui, y Rede Social de Justica e Direitos Humanos, con la que quieren presionar a las autoridades para que garanticen la integridad física y mental de los miembros de las comunidades afectadas y aceleren la expedición de títulos colectivos. Además, piden que se intensifiquen los esfuerzos para detener la deforestación en Piauí, especialmente en las tierras reclamadas por las comunidades rurales.

Lea la carta completa aquí (en portugués)

Para más información, contacta con Philip Seufert a seufert@fian.org

Líderes comunitarios se encuentran con las autoridades del Estado de Piauí.

Teresinha Menezes/CPT PI

Documentales en dos regiones de Brasil retratan los retos para reforzar la alimentación escolar indígena

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Un pueblo rodeado de «mares» de soja, maíz transgénico y caña de azúcar en el Medio Oeste. Una comunidad regida por los tiempos y las distancias de los ríos amazónicos. Una población guaraní y kaiowá, una población mayoritariamente tikuna. Dos realidades distintas, con retos propios y comunes. Esto es lo que retratan los minidocumentales El Campo, el Río y los Pasos – Alimentación Escolar Indígena en Alto Solimões y La Tekoha y el Plato Escolar – El Pnae en el Pueblo de Te'yikue, producidos por FIAN Brasil, junto con la productora Extrato de Cinema. Ambas están disponibles con subtítulos en español e inglés, además de portugués.

Con 14 minutos cada una, las películas documentan iniciativas para cumplir con dos directrices del Programa Nacional de Alimentación Escolar (Pnae): la adaptación del menú a la cultura de cada comunidad; y la prioridad a los agricultores familiares indígenas en el abastecimiento.

Las entrevistas con profesores, cocineros, productores rurales y alumnos también muestran obstáculos como la burocracia que dificulta la documentación, la falta de estructura en las cocinas y el avance de los productos ultraprocesados, con las enfermedades asociadas al aumento de su consumo.

El Pnae representa una de las principales políticas de seguridad alimentaria y nutricional para niños y adolescentes. Tanto en el apoyo al rendimiento escolar y la formación de hábitos saludables, como en el nivel más urgente de lucha contra el hambre. Además, es un ejemplo de la posibilidad de utilizar la contratación pública para alcanzar objetivos como el desarrollo local, la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables y el fortalecimiento de la agroecología.

El Campo, el Río y los Pasos se rodó en la comunidad de Belém do Solimões, en la Tierra Indígena Eware 1, en Tabatinga (AM). Trae reportajes de la vida cotidiana en las escuelas indígenas municipales (EMIs) Eware Mowatcha y Ngetchutchu Ya Mecü, donde la producción local tiene su espacio, pero la alimentación escolar escasea o falta en varios momentos. La producción también muestra el trabajo de Mapana, una asociación de mujeres tikuna, con plantaciones colectivas y formación, que ya cuenta con más de 200 miembros.

 

La Tekoha y el Plato Escolar tiene lugar en la aldea Te'yikue, en Caarapó (MS), con la comunidad de la EMI Ñandejara. La escuela introdujo alimentos tradicionales en el menú e hizo las preparaciones más saludables, pero los testimonios reclaman una transición más estructurada, junto a la compra de productos locales. El documental presenta dos proyectos de educación alimentaria y nutricional (EAN): Sabor da Terra, con la preparación de platos típicos por alumnos y familias; y la Unidad Experimental Poty Reñoi, en la que niños y adolescentes siembran, cuidan y cosechan – y degustan – lo que han cultivado.

 

«Estas grabaciones con las etnias indígenas de Amazonas y Mato Grosso do Sul fueron bastante transformadoras», afirma el director de las películas, Marcelo Coutinho. «No sólo en términos de experiencias profesionales únicas, sino, sobre todo, en la importancia de difundir la cultura y la resistencia política de esos pueblos que, más que nunca, merecen y necesitan la atención y el respeto de la sociedad brasileña.»

El tema cuenta con temas musicales de Djuena Tikuna y del proyecto Memória Viva Guarani.

Equidad y salud

Cada minidocumental está vinculado a un estudio de caso, que generó un diagnóstico y recomendaciones a los actores implicados, especialmente las autoridades públicas de los dos municipios. «Esperamos que los materiales producidos ayuden a superar los cuellos de botella e incidan en la realidad local. Y que contribuyan a la lucha de los pueblos indígenas en otras regiones», afirma Mariana Santarelli, miembro de la coordinación de FIAN.

Este trabajo forma parte del proyecto «Equidad y salud en los sistemas alimentarios», que también incluye un mapeo nacional de cómo se reflejan y agravan las inequidades en este campo. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Global Health Advocacy Incubator (GHAI).

Puede acceder al contenido en la web de la entidad, en portugués, aquí y aquí.

 

La exsecretaria general de FIAN Brasil dirigirá los programas contra el hambre del Presidente Lula

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En 2022, Brasil volvió al Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) tras ocho años sin aparecer. La exsecretaria general de FIAN Brasil, Valéria Burity, se enfrenta ahora al reto de restituir el sistema de seguridad alimentaria que el expresidente Jair Bolsonaro desmanteló. Este sistema está compuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA), un órgano de consulta clave que reúne a la sociedad civil y al gobierno, la Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CAISAN) y la Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esta estructura institucional existe tanto a nivel estatal como municipal. El CONSEA, por ejemplo, fue restablecido el 28 de febrero de 2023 por el Presidente Lula da Silva en un esfuerzo por incluir diversidad de voces en la lucha contra el hambre.

Durante la presidencia de Bolsonaro, los niveles de hambre se dispararon a pesar de que Brasil es uno de los cuatro mayores productores de alimentos del mundo. La FAO volvió a situar al país en el Mapa del Hambre una vez que las cifras de personas que padecen hambre crónica pasaron del 2,5% al 4,1%. Casi un tercio de la población (30%) tiene dificultades para obtener alimentos, y el 15% (33. 1 millón de personas) pasa hambre cada noche, según un informe de Rede Penssan.

El número de personas que pasan hambre casi se duplicó entre 2019 y 2021 después de durante 24 años consecutivos se redujera la inseguridad alimentaria. Algunas de las causas fueron el desmantelamiento de los programas alimentarios por parte de Bolsonaro, las políticas neoliberales del presidente Michel Temer entre 2016 y 2018, que fomentaron la captura de tierras y recursos naturales por parte de las empresas, una fuerte reducción del gasto del gobierno en bienestar social, la crisis de la COVID-19 y el aumento mundial de los precios de los alimentos.

Ahora, el gobierno de Lula da Silva se propone remediar el aumento del hambre en Brasil. El presidente ha declarado que ésta será una de las principales prioridades del nuevo gobierno, creando una cámara para coordinar las acciones de 24 ministerios que trabajan para acabar con el hambre. Valéria Burity coordinará esta tarea como Secretaria Extraordinaria de la Lucha contra el Hambre en el Ministerio de Desarrollo Social.

Su primer objetivo es reconstruir las estructuras e instituciones federales desmanteladas por Bolsonaro que se dedicaban a garantizar el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición (DHANA). Además del CONSEA y la CAISAN, mediante el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PLANSAN) se incluirán medidas de emergencia y medidas estructurales.

Todas estas instituciones colaborarán en un plan de emergencia para reducir el hambre mediante una serie de acciones. Entre ellas figuran un aumento del presupuesto del programa de lucha contra la pobreza, el Bolsa Familia, así como del salario mínimo. Además, prevén dar más fondos para hacer más saludables las comidas escolares y fomentar programas para que el consumo de alimentos del Estado proceda de pequeños agricultores.

Sin embargo, para Valéria también será necesario abordar los factores estructurales de la inseguridad alimentaria para garantizar una alimentación adecuada y nutritiva, como las fuertes desigualdades y el racismo, o la concentración de la tierra. Por eso, el gobierno planea una reforma agraria redistributiva para garantizar el derecho a la tierra de las comunidades rurales más afectadas por el hambre, así como reformas fiscales para contrarrestar las desigualdades y la creación de reservas alimentarias para combatir la volatilidad de los precios de los alimentos. Todas estas acciones irán encaminadas a reestructurar los sistemas alimentarios. A nivel personal, Valerie cree que los pesticidas han sufrido una gran liberalización en las últimas décadas y que éste «es uno de los retos para garantizar una alimentación adecuada».

Burity entiende que será una tarea difícil, especialmente en un gobierno de coalición que carece de una visión común sobre la importancia de la soberanía alimentaria y otras cuestiones subyacentes relacionadas con el derecho a la alimentación.  «No será una tarea fácil», explica, «pero Lula está muy comprometido con la erradicación del hambre, y contamos con el respaldo de una sociedad civil fuerte».

Para consultas de la prensa, por favor contacten con Clara Roig a roig@fian.org

FIAN condena los recientes ataques cometidos contra comunidad indígena Guapoy en Brasil

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A través de una carta abierta dirigida a las autoridades brasileñas, FIAN Internacional, FIAN Brasil y otras organizaciones miembro de la Red Mundial por el derecho a la Alimentación y a la Nutrición, condenan los recientes ataques violentos cometidos por la policía militar y el estado de Mato Grosso do Sul (MS) contra la comunidad indígena Tekoha Guapoy, en la municipalidad de Amambai, en Mato Grosso do Sul.

Así, se solicita al gobierno de Brasil que ponga freno de manera inmediata a las acciones violentas, así como que se lleve a cabo la investigación y rendición de cuentas de las personas responsables de las acciones cometidas, además de que sean abordadas las desigualdades y la violencia a las que se enfrentan las comunidades Guarani y Kaiowá, con las consecuentes múltiples violaciones de sus derechos humanos.

Los Tekoha Guapoy, miembros de las comunidades indígenas Guarani Kaiowá, han retomado parte de su territorio, en medio de la falta de una delimitación clara por parte del estado brasileño de los territorios indígenas tradicionales.

Como reacción a la lucha Guarani Kaiowá por la recuperación de su territorio, el pasado viernes 24 de junio, la policía militar y los grandes terratenientes (“fazendeiros”) tomaron y expulsaron violentamente a la comunidad indígena, sin autorización judicial y en contra del sistema legal brasileño. Estas acciones violentas fueron referidas como la “Masacre Guapoy”. Aún queda por determinar el número de personas que han sido asesinadas y gravemente heridas como resultado de los ataques. No obstante, según los últimos datos recibidos, se ha registrado una muerte y al menos diez personas heridas.

FIAN Internacional y FIAN Brasil han acompañado a las comunidades Guarani Kaiowá en su lucha durante al menos una década. Durante este tiempo, ha sido denunciada la histórica explotación económica llevada a cabo en el estado de Mato Grosso do Sul, la falta de demarcación de los territorios Guarani y Kaiowá y la severa discriminación y violencia a la que estas comunidades se enfrentan permanentemente. Todo esto desencadenando en unas condiciones de vida precarias y, a menudo, inhumanas, en las que los derechos de las personas, incluyendo el derecho a la alimentación y a la nutrición, son sistemáticamente violados.

Leer la carta abierta de 29 de junio aquí.

Leer la carta abierta de 4 de julio sobre violaciones repetidas aquí

Para más información sobre los ataques, puedes ver la nota de prensa publicada por la Gran Asamblea de Aty Guasu Guarani y Kaiowá: https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2022/06/Nota-Aty-Guasu-Guapoy-25.06.2022.pdf

Es momento de exigir responsabilidades a las corporaciones por los crímenes cometidos contra los derechos humanos y el medioambiente

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FIAN internacional se solidariza con cientos de movimientos sociales y grupos de sociedad civil de todo el mundo en un llamado a la aprobación de un tratado vinculante que cuente con la suficiente capacidad para proteger a las comunidades campesinas, pequeños grupos de agricultores/as, indígenas y comunidades que no cuentan con los recursos necesarios para defender sus vidas, salud y subsistencia frente a la amenaza corporativa.

“Existen demasiadas lagunas en la legislación internacional que permiten la impunidad de las corporaciones y que contribuyen o tienen un serio impacto sobre los derechos humanos. Tras siete años de conversaciones, los gobiernos han de permanecer firmes del lado de las comunidades afectadas y hacer avanzar estas negociaciones, teniendo en cuenta la urgente necesidad de soluciones a nivel global”, ha dicho la representante permanente de FIAN Internacional en la ONU Ana María Suarez Franco.

No existe actualmente ningún marco legal vinculante global que regule las actividades y la cadena de valor de las compañías transnacionales de minería, agroindustria y otros negocios con un atroz historial de abusos contra los derechos humanos. Esto resulta parcialmente problemático en los países ricos del hemisferio sur que cuentan con la protección legal más débil. En estos casos, las compañías se permiten argumentar que no están rompiendo ninguna legislación local o internacional cuando fuerzan a las comunidades a salir de sus tierras, contaminan el aire de sus entornos e incluso ocasionan la pérdida de vidas.

Directrices voluntarias como los Principios Rectores de la ONU sobre derechos humanos y empresas o legislaciones nacionales como la ley francesa sobre el deber de vigilancia de las corporaciones transnacionales no son suficiente para proteger a las comunidades y el medioambiente frente a las corporaciones sin escrúpulos. Como han demostrado recientes casos destacados como el desplazamiento masivo de las comunidades de Uganda por el gigante petrolero francés Total, el desastre de la presa Brumadinho en Brasil y el acaparamiento de tierras llevado a cabo por POSCO en India, resulta imprescindible el establecimiento de un robusto paquete de reglas vinculantes que garantice los derechos humanos de las personas y los priorice frente a los intereses económicos.

“El establecimiento de un tratado internacional para las corporaciones transnacionales y otras empresas de negocios resulta imprescindible para gobernar las actuales economías globalizadas”, ha dicho Ana María Suarez Franco. “Un marco legal igualitario resolverá las lagunas en asuntos de protección, permitiendo a las personas un mejor acceso a la justicia y exigiendo a las compañías responsabilidades por el impacto de sus acciones sobre los derechos humanos y el medioambiente”, ha añadido.

Tras el fracasado intento por frenar el creciente poder de la agroindustria de la Cumbre de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios del mes pasado en Roma, resulta más importante que nunca aprovechar esta oportunidad frente a la ONU en Ginebra entre el 25 y el 29 de octubre.

No ha de permitirse que los intereses corporativos, o los intentos de los estados por defender a estos a expensas de las personas, secuestren el Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta por un tratado vinculante para las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos (GTA), como ya ha sucedido en el pasado con iniciativas similares.

Esto supondría la pérdida de una gran oportunidad para las comunidades en la lucha contra los abusos a los derechos humanos en todo el mundo y dentro del sistema de la ONU.

La Transición hacia sistemas alimentarios libres de pesticidas: Las luchas y la imaginación de los pueblos

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Los pesticidas están provocando una catástrofe mundial de derechos humanos y medioambiental.
Se estima que son responsables de unas 200 000 muertes por intoxicación
aguda cada año. La exposición a largo plazo puede llevar a diagnósticos crónicos
como cáncer, defectos de nacimiento y daños reproductivos, y anomalías en los sistemas
neurológico, de desarrollo e inmunológico. La escorrentía de los pesticidas aplicados
a los cultivos contamina con frecuencia el ecosistema circundante y más allá,
con consecuencias ecológicas nocivas que exacerban la pérdida de biodiversidad. Los
pesticidas también pueden dañar la biodiversidad de los suelos, lo que puede acarrear
grandes descensos del rendimiento de los cultivos, y plantear con ello problemas
para la seguridad alimentaria.

El estudio de FIAN investiga cómo están realizando los países la transición hacia la
agroecología y sistemas alimentarios libres de pesticidas. A través del examen de los
casos de la India, el Brasil, la Argentina, Francia, España, Italia y los Estados Unidos
(EE.UU.), el estudio de FIAN proporciona un diagnóstico claro de los problemas de derechos
humanos y medioambientales derivados de los pesticidas. Al fundamentar su
análisis en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos
y de otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, FIAN identifica claramente
las oportunidades y los puntos fuertes que ofrece el marco de derechos humanos en
lo que respecta a la transición hacia el abandono de los agrotóxicos. Al final, el trabajo
de FIAN proporciona los cimientos para que los movimientos de base, los gobiernos
locales y estatales y la comunidad internacional creen sociedades libres de pesticidas
que puedan defender el derecho a un medio ambiente libre de sustancias tóxicas para
todas las personas.

Ver el estudio LA TRANSICIÓN HACIA SISTEMAS ALIMENTARIOS LIBRES DE PESTICIDAS: LAS LUCHAS Y LA IMAGINACIÓN DE LOS PUEBLOS

 

Alerta sobre el impacto de los agrotóxicos en América Latina y el Caribe

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Brasilia 28 de abril. Las secciones latinoamericanas de FIAN Internacional, presentaron ayer en un concurrido evento en línea el informe Agrotóxicos en América Latina: violaciones del derecho a una alimentación y a la nutrición adecuadas.

Con 108 páginas, la publicación recoge datos e informes sobre los impactos de estas sustancias en ocho países de América Latina y el Caribe: Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Guatemala, México y Haití.

El mismo demuestra cómo los pesticidas afectan a la salud humana y al medio ambiente, impidiendo la plena realización del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. Igualmente identifica un patrón en la estrategia de las empresas en la región, que se basa en la captura corporativa de las instituciones y los territorios.

El lanzamiento contó con más de 700 participantes en línea. Durante el mismo Juan Carlos Morales González, de FIAN Colombia, y el investigador Leonardo Melgarejo presentaron las principales conclusiones del informe. Comunidades afectadas en Brasil, Haití y Paraguay expusieron sus testimonios sobre los devastadores impactos de los agrotóxicos en la destrucción de sus medios de vida. Posteriormente la geógrafa Larissa Bombardi, autora del atlas Geografía del Uso de Plaguicidas en Brasil y Conexiones con la Unión Europea, y el  Relator Especial de la ONU para Sustancias Tóxicas y Peligrosas, Marcos Orellana analizaron los resultados del informe y expusieron sus puntos de vista al respecto. En su intervención el relator Orellana expresó:

“La contaminación legalizada no justifica la violación de derechos…se deben eliminar las sustancias peligrosas”. Igualmente resaltó como “hay responsabilidades compartidas de los países exportadores e importadores…los Estados tienen una obligación de prevención de la exposición a substancias tóxicas que se basa en los derechos humanos”

Para dar seguimiento a este trabajo, próximamente FIAN Internacional entregará  una denuncia a los relatores especiales competentes de Naciones Unidas sobre el caso brasileño presentado durante el evento, en el que se utilizó la fumigación aérea como arma para desalojar a los trabajadores rurales del área en litigio de una zona rural en disputa en Pernambuco.

El 5 de mayo, el informe tendrá otro momento de difusión mundial: un seminario en línea en el que FIAN Internacional presentará los resultados de un estudio sobre experiencias de transición hacia comunidades y sistemas alimentarios libres de pesticidas.

Compruebe cómo se desarrolló el debate y acceda a la publicación en portugués, español o inglés.

Para más información puede ponerse en contacto con: Ana María Suárez Franco Suarez-franco@fian.org

La tecnología digital recorta el acceso a la tierra

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Mientras los gigantes corporativos dialogan sobre la “Tech for Good” (Tecnología para el Bien) en el encuentro anual del Foro Económico Mundial, recientes estudios demuestran que la digitalización puede desencadenar en un aumento de las ya existentes desigualdades. El estudio  ‘¿Disrupción o Déjà Vu? Digitalización, Tierra y Derechos Humanos’, publicado por FIAN Internacional, revela cómo las tecnologías digitales han pasado a convertirse en la nueva herramienta para el acaparamiento de tierras y en una nueva fuente de beneficio. A partir de las investigaciones realizadas en Brasil, Indonesia, Georgia, India y Ruanda, el estudio demuestra que el uso de las herramientas digitales en la gobernanza de la tierra no hace sino amplificar las ya existentes formas de exclusión.

Algunas de las conclusiones fundamentales del estudio son:

  • Corporaciones, personas ricas y élites locales están sirviéndose de las nuevas herramientas digitales en la apropiación de tierras, lo que ha desencadenado en el desplazamiento masivo de familias y comunidades enteras. Un ejemplo clave de este hecho es el del Mirador State Park en Brasil, donde empresas de la industria agrícola han usurpado 700.000 hectáreas de una zona conservada mediante el uso de registros de tierra digitales. Como consecuencia, cientos de familias han sido desposeídas de la tierra en las que han vivido durante generaciones.
  •  En ausencia de una regulación que mire por el interés público y los derechos humanos, las compañías digitales y de agroalimentación han pasado a convertirse en las principales beneficiarias de la digitalización del sector de la tierra, en perjuicio de los grupos desfavorecidos. Los gobiernos están depositando en los actores corporativos la labor de proporcionar las infraestructuras necesarias para la digitalización de la administración de tierras y, como consecuencia, el control público de los servicios y bienes más esenciales está viéndose debilitado.
  • A pesar de que la tierra ha sido reconocida como derecho humano y es considerada esencial para la vida de las personas rurales, los proyectos de digitalización están siendo implementados sin tener en cuenta los derechos humanos. 
  • Mientras los donadores internacionales han cortado las ayudas dirigidas al interés público, están invirtiendo millones de dólares destinados al uso de las tecnologías digitales en el sector de la tierra en el mundo entero. El Banco Mundial dedica él sólo más de 10.000 millones de dólares estadounidenses a la financiación de proyectos, sobre todo en el África Subsahariana y en el Sur y Sudeste Asiático.
  • Las iniciativas que se sirven de la tecnología blockchain (o cadena de bloques)– la tecnología sobre la que se fundamentan las criptomonedas como el Bitcoin – están presentes en más de 20 países. Mientras el blockchain está siendo promovido como una tecnología puntera que permite solventar los problemas de gestión de tierras, los datos disponibles muestran que esta tecnología ha sido inefectiva en prácticamente todas las actividades en las que se ha puesto en marcha. 

“Estamos viendo que la actual aplicación de las tecnologías digitales en la gestión de tierras sólo amplifica las desigualdades. No se trata de una “tecnología para el bien”, sino para el beneficio”, explica Philip Seufert, uno de los autores del estudio. “La cuestión aquí no es si las tecnologías son buenas o malas. Pero cuando su aplicación no se sustenta en los derechos humanos, únicamente beneficia a un pequeño grupo de personas y grandes empresas. En el caso de las comunidades locales, esto significa la pérdida de su tierra y de sus medios de subsistencia”, ha añadido.

La tierra es un indicador del aumento de las desigualdades sociales y de la desposesión de las comunidades locales desde la crisis de 2008, que desencadenó en una fiebre mundial por la tierra llevada a todo tipo de inversores. La falta de seguridad y de un acceso estable a la tierra también son factores clave en el aumento de la pobreza y el hambre. Para hacer frente a esta cuestión es necesario que se aborden problemas estructurales como la desigual distribución de la tierra y la falta de protección de los derechos de las comunidades a la tierra. Se han presentado diferentes iniciativas de tecnología digital, como los catastros digitales, con el fin de atajar los problemas acuciantes con relación a la tierra. No obstante, las evidencias mostradas en los cinco países analizados en el estudio demuestran que la digitalización de los procesos relacionados con la tierra está principalmente diseñada con el objetivo de atraer la atención de los inversores.

“Es inaceptable que tanto gobiernos como agencias de desarrollo estén promoviendo el uso de las tecnologías digitales en el sector de la tierra sin tener en cuenta las regulaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidas”, ha dicho Mathias Pfeifer, coautor del estudio. “Pretender que la tecnología pueda remplazar a las políticas en la solución de las discriminaciones estructurales es irresponsable y peligroso. La generalizada falta de participación de las personas afectadas sólo empeora las cosas”

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Los datos analizados muestran que la digitalización implica el traspaso de los poderes estatales hacia los actores privados. En Georgia, por ejemplo, la infraestructura de blockchain destinada a servir como base para el sistema de gestión de tierras del país, incluyendo las transacciones de tierra automáticas, es holandesa. Este y otros acuerdos publico-privados despiertan serias preocupaciones con relación al control público sobre los bienes esenciales y en lo referido a las funciones gubernamentales.

En 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Nutrición (FAO) anunció la puesta en marcha de una plataforma internacional cuya función es proporcionar ayuda en la aplicación de las tecnologías digitales en asuntos de alimentación y agricultura. Las conclusiones del estudio subrayan la necesidad de respetar e implementar los acuerdos internacionales de derechos humanos en contextos de digitalización, incluyendo las Directrices de la FAO para una Gobernanza Responsable de la tenencia de la Tierra y otros recursos naturales.

Para cuestiones relacionadas, por favor, contactar con delrey@fian.org

**Descargar**
¿Disrupción o Déjà Vu? Digitalización, Tierra y Derechos Humanos.
Análisis para la evaluación de proyectos y procesos de digitalización en asuntos de tierra desde una perspectiva de derechos humanos.
Mapa de proyectos de digitalización y blockchain en el sector de la tierra. 

FAQ

*¿Qué es la digitalización? 
Es la integración de las tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad y la economía, basándose en procesos de traspaso de la información a un formato digital que pueda ser procesado por un ordenador (“digitalización”). La digitalización implica nuevas formas de producción, distribución y consumo.

*¿De qué forma afecta la digitalización a la tierra?
Las tecnologías y herramientas digitales están siendo utilizadas cada vez más en la gobernanza y gestión de tierras. Por ejemplo, la demarcación y mapeo de tierras se realiza con el uso de dispositivos GPS y drones. Asimismo, la información relativa a la propiedad y uso de tierras también se almacena en registros y catastros digitales. Por último, las herramientas y plataformas digitales son utilizadas para realizar transacciones de tierras y definir políticas. La digitalización en asuntos relacionados con la tierra tiene importantes repercusiones en lo que respecta al acceso, uso y control de este recurso primordial.