El pasado lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó la sorprendente noticia sobre su crisis financiera. La Comisión anunció que tendrá que prescindir del 40 por ciento de su plantilla a partir de julio. Al mismo tiempo, los periodos de sesiones 159 y 160 serán suspendidos a menos que se reciban fondos o donaciones antes del 15 de junio. Estos importantes cambios tendrán un grave impacto sobre la capacidad de la Comisión para cumplir con su mandato y seguir desempeñando sus funciones básicas, lo que pone en riesgo la protección de los derechos humanos de las mil millones de personas que habitan en las Américas.
En respuesta a esta situación, diversas ONG de todo el mundo han publicado una carta abierta en la que solicitan a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se tomen las medidas necesarias que puedan asegurar con urgencia una financiación adecuada de la CIDH.
FIAN Internacional quiere recordar que el Sistema de Derechos Humanos Interamericano es fruto de la lucha del pueblo. Fueron los pueblos de las Américas los que delegaron su soberanía en los Estados, para que éstos crearan un sistema que asegurara su protección frente a los abusos y las injusticias. Por lo tanto, los Estados miembros de la OEA están obligados a asegurar una financiación sostenida de la Comisión, para que ésta pueda mantenerse en pleno funcionamiento como último recurso frente a las violaciones de los derechos fundamentales en el continente americano, y como referencia internacional por los grandes esfuerzos realizados en la protección de los miles de personas y comunidades afectadas.
En sus observaciones finales para India, el Comité indica “que no existen factores o dificultades que impidan el cumplimiento del Pacto”. Según el CDESC, el crecimiento rápido y sostenido vivido por India no se ha traducido en un aumento de la tasa de empleo. A pesar de la pujanza económica, India cuenta con elevados índices de pobreza, una seria inseguridad y escasez alimentarias. La definición del umbral de pobreza pasa por alto la plena integración de los derechos humanos. El CDESC expresa su preocupación por los reiterados suicidios de campesinos debidos a la extrema dureza de sus condiciones de vida, por los desalojos forzados en el contexto de la adquisición de tierras para proyectos de desarrollo que afectan sobre todo a castas y tribus desfavorecidas, por la creación de zonas económicas especiales y por la puesta en marcha de otros proyectos que han provocado el desplazamiento de millones de familias. Las principales preocupaciones son la falta de consultas efectivas y de remedio jurídico para las personas afectadas por los desplazamientos, los desalojos forzados y las medidas inadecuadas de compensación. Además, el Comité de la ONU se refiere a la escasez de agua potable segura y a la presencia de metales pesados en las aguas subterráneas.
A partir de observaciones como éstas, el Comité recomienda presentar datos desagregados en el próximo informe otorgando una atención especial a las personas y grupos marginados, tomar medidas urgentemente para atajar el problema de la pobreza y de la seguridad alimentaria, revisar la definición nacional del umbral de pobreza, adoptar medidas inmediatas para que se apliquen las leyes y regulaciones que prohíben las expulsiones forzadas y que garantizan una compensación adecuada o vivienda alternativa. El Estado debe realizar consultas de relevancia, de carácter abierto y participativo, con las personas y comunidades afectadas y adoptar medidas eficaces para garantizar un acceso equitativo a agua potable segura basado, entre otros instrumentos, en el cumplimiento riguroso de las leyes sobre el tratamiento de las aguas y en el monitoreo eficiente de su observancia.
En el caso de Bolivia, el Comité reconoce la actitud dialogante del Estado, pero expresa su preocupación por la falta de medidas eficaces que garanticen la realización de los derechos económicos, sociales y culturales antes de la aprobación de la nueva Constitución Boliviana. Los principales problemas relativos al derecho a una alimentación adecuada son la persistencia de la malnutrición, la falta de garantías para la realización del derecho a la alimentación de los grupos vulnerables y el creciente número de parcelas de tierra dedicadas a la producción de agrocombustibles, lo que va en detrimento de la disponibilidad de alimentos para el consumo humano. En cuanto a la tenencia de la tierra, el CDESC muestra su inquietud por la falta de cualquier garantía eficaz sobre las tierras ancestrales de los pueblos indígenas y la grave desigualdad de distribución de la tierra, con un 70 por ciento en manos de un 7 por ciento de la población. El organismo que vela por los derechos humanos resalta además la necesidad de que la igualdad de género sea un tema transversal en las políticas y programas aprobados para la realización de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Bajo estas premisas, el CDESC emite, entre otras, las recomendaciones siguientes: la aprobación de indicadores y puntos de referencia de derechos humanos con carácter desagregado para regiones y grupos vulnerables, a fin de poder monitorear la realización eficaz de los derechos económicos, sociales y culturales; adoptar medidas para impedir los desalojos forzados de familias campesinas; asegurar que la judicatura tiene en cuenta el Pacto en sus pronunciamientos; investigar y enjuiciar los casos de expulsiones forzadas y de otras violaciones de los derechos contemplados en el Pacto; continuar el trabajo para el respeto y la igualdad de los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los derechos a la educación, vivienda, alimentación y salud. Es importante mencionar que el Comité recomendó al Estado continuar adoptando medidas a fin de garantizar a la población la disponibilidad de alimento y solicitó al país la puesta en práctica del programa Desnutrición Cero junto con otras medidas encaminadas a facilitar el acceso sostenible de las personas a los recursos productivos, así como el aumento de las capacitaciones en materia nutricional.
En ambos casos, FIAN Internacional ha trabajado activamente con otras ONG y el Comité para asegurar una mejor realización del derecho a una alimentación adecuada. Este trabajo continuará principalmente a nivel nacional, donde la sociedad civil supervisará rigurosamente las acciones estatales orientadas a la puesta en práctica de las recomendaciones emitidas por el Comité de las Naciones Unidas.
Para más información, póngase en contacto con Sandra Ratjen: Ratjen@fian.org
Observaciones finales del CDESC sobre Bolivia
Observaciones finales del CDESC sobre India
Declaraciones del CDESC sobre la crisis alimentaria mundial
Comunicados de prensa relacionados
