Transformar los sistemas alimentarios de abajo arriba: políticas alimentarias locales y participación pública en Europa

El proyecto es un esfuerzo colectivo de FIAN Internacional, FIAN Austria, FIAN Bélgica, FIAN Portugal, Observatori DESCA (España) y (la antigua) FIAN Suecia, financiado por la UE.   

En los últimos años se ha producido en toda Europa un aumento de las políticas e iniciativas de los gobiernos locales en torno a los (sistemas) alimentarios y la nutrición. Esto se ha visto acompañado e impulsado por la aparición de espacios participativos, como los consejos de política alimentaria, que implican a las comunidades en la elaboración de políticas alimentarias a nivel local.  

El proyecto CRESS examina políticas e iniciativas concretas de gobiernos locales y regionales y espacios de participación comunitaria en seis países europeos: Austria, Bélgica, Alemania, Portugal, España y Suecia. El proyecto examinó las áreas de compromiso y las limitaciones a las que se enfrentan los gobiernos locales, así como el carácter transformador (desde la perspectiva de los derechos humanos) de las políticas e iniciativas presentadas.  

Además, un aspecto central del proyecto era comprender cómo se organiza la participación en los distintos países y localidades: qué estructuras existen y qué influencia tienen, quién participa y quién permanece al margen, cómo se abordan las relaciones de poder y los conflictos de intereses…  

Los resultados del proyecto se presentan en tres documentos: (1) un mapeo que resume la situación de cada uno de los seis países y extrae algunas reflexiones generales, (2) un mapa interactivo que ofrece más detalles sobre los casos examinados y (3) un conjunto de herramientas que pretende crear una mayor comprensión sobre cómo hacer operativa la elaboración de políticas locales basadas en los derechos humanos, incluidas las repercusiones a nivel de la UE.  

Los resultados del mapeo indican que se están dando pasos importantes a nivel local para relocalizar los sistemas alimentarios y hacerlos más saludables, sostenibles y justos. Existe un mayor reconocimiento por parte de los gobiernos locales del papel que pueden desempeñar y múltiples estrategias e iniciativas que abarcan áreas críticas de intervención, desde la restauración colectiva y la contratación pública, pasando por el apoyo a la producción ecológica y los mercados locales, hasta los cambios en los criterios de uso del suelo. Al mismo tiempo, los gobiernos locales se ven limitados por una serie de factores internos y externos, como la falta de recursos humanos y financieros y las políticas de la UE, que dificultan la regionalización.  

The project’s findings also reflect the immense diversity that exists across Europe – and within countries – with regard to structures of community participation. They highlight the critical relevance of such spaces, and community mobilization, for putting food on the agenda of local governments and pushing for transformative, bottom-up food systems changes. At the same time, and despite many efforts, important challenges and limitations remain, especially with regard to including marginalised groups within these spaces and enabling their voices to be heard. 

Las conclusiones del proyecto también reflejan la inmensa diversidad que existe en Europa -y dentro de los países- en lo que respecta a las estructuras de participación comunitaria. Destacan la importancia fundamental de estos espacios y de la movilización comunitaria para incluir la alimentación en la agenda de los gobiernos locales e impulsar cambios transformadores y ascendentes en los sistemas alimentarios. Al mismo tiempo, y a pesar de los muchos esfuerzos realizados, siguen existiendo importantes retos y limitaciones, especialmente en lo que respecta a la inclusión de los grupos marginados en estos espacios y a la posibilidad de que sus voces sean escuchadas.   

La caja de herramientas pretende fomentar un enfoque más amplio de los derechos humanos para abordar los retos de los sistemas alimentarios desde la base y promover estructuras de gobernanza inclusivas. Pretende contribuir a nuestra comprensión colectiva del compromiso estratégico con los sistemas alimentarios a nivel local en Europa y fomentar estrategias para garantizar una gobernanza ascendente más sólida a nivel de la Unión Europea (UE). Explora el potencial de la arquitectura multinivel de las políticas y estructuras de gobernanza de los sistemas alimentarios y examina cómo las políticas regionales repercuten en la elaboración de políticas locales.  

La cartografía, el mapa interactivo y el conjunto de herramientas también están disponibles en otros idiomas:  

Cartografía: Francés, alemán, portugués, inglés y sueco  

Mapa interactivo: Francés, alemán, portugués, inglés y sueco  

Kit de herramientas: Francés, alemán, portugués, inglés y sueco  

 

Para más información, póngase en contacto con Emily Mattheisen: mattheisen@fian.org o Laura Michéle: michele@fian.org 

 

Los bancos de desarrollo públicos han de poner fin a la financiación de la agroindustria

La cumbre llega justo después de la Cumbre de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios, inicialmente concebida para abordar el hambre en el mundo y posteriormente secuestrada por los intereses corporativos y utilizada como excusa para presentar las falsas soluciones corporativas, cuyo único objetivo es la obtención de beneficios.

Muy poco hace pensar que esta cumbre, Finanzas en Común, será algo diferente. No sólo por el enorme fracaso al tratar de optar por un enfoque de derechos humanos/comunidad de la cumbre del año anterior sino, sobretodo, por los enormes conflictos en materia de derechos humanos que arrastran estos bancos de titularidad pública.

En la víspera de la cumbre, FIAN Internacional junto a otras 280 organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales hace un llamado a los gobiernos para que pongan fin al apoyo financiero estatal que reciben las compañías de la agroindustria, y a los proyectos que roban la tierra, los recursos naturales y las formas de subsistencia de las comunidades locales.

Un historial muy deficiente

Los bancos de desarrollo públicos son instituciones financieras controladas y ordenadas por los estados, que financian actividades que deberían contribuir a la mejora de la vida de las comunidades, principalmente en el hemisferio sur. Estas instituciones dirigen más de 2 billones de dólares al año a la financiación de compañías públicas y privadas para la realización de carreteras, plantas energéticas y plantaciones de la agroindustria. Se estima que 1,4 billones de esta financiación se destinan al sector de la alimentación y la agricultura.

Muchos de estos PDBs cuentan con un deficiente historial en lo que respecta a la transparencia e inversiones que benefician a las corporaciones de la agroindustria, a costa de granjeros/as, pastores/as, pescadores/as, trabajadores/as del sector de la alimentación y comunidades indígenas, y socavando su soberanía alimentaria, ecosistemas y derechos humanos. Asimismo, estas instituciones tienen un fuerte legado de inversiones en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia, destrucción medioambiental y otras severas violaciones de los derechos humanos.

Por otro lado, estos bancos de desarrollo público están incrementando el uso de fondos extraterritoriales de capital privado y complicadas redes de inversión – incluyendo a intermediarios financieros – para orientar las inversiones, lo que dificulta enormemente su control, como han señalado las recientes revelaciones en torno al desarrollo de la institución financiera alemana Deutsche Investitions– und Entwicklungsgesellschaft (DEG).

Ligados a la violación de los derechos humanos

DEG, subsidiaria del banco de desarrollo estatal más grande de Alemania, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), destina miles de millones de euros al desarrollo financiero en América Latina, Asia y África.

FIAN Alemania ha monitoreado las vulneraciones de derechos relacionadas con las inversiones llevadas a cabo por este banco durante muchos años, con las dificultades derivadas de la falta de transparencia de estos bancos. El resultado desvela que más de la mitad de la financiación anual de DEG está dirigida a través de intermediarios financieros y otros bancos y fondos.

Queda decir que ni siquiera el gobierno alemán tiene una clara idea de a dónde va este dinero ni de su impacto real. Resulta, por lo tanto, prácticamente imposible forzar a los bancos a cumplir con las obligaciones alemanas en materia de derechos humanos. En los casos en los que FIAN pudo identificar inversiones concretas en agroindustria, pudo también detectar evidencias de violaciones de los derechos humanos.

En Zambia, por ejemplo, DEG destina decenas de millones de dólares americanos a la mayor compañía de la agroindustria de Zambia, en la que FIAN pudo documentar casos de expropiación forzada que involucraban directamente a Zambeef y que se remontan a 2013. En Paraguay, DEG es cotitular de la segunda mayor compañía del país, Paraguay Agricultural Corporation PAYCO, destinada a adquirir tierras a gran escala, incluyendo tierras de asentamientos indígenas, para proyectos masivos de agroindustria y uso intensivo de pesticidas.

“Estos son casos emblemáticos que ejemplifican las preferencias de inversión de DEG por la agroindustria a gran escala y que dejan fuera el apoyo y la promoción igualitaria, centrada en los pueblos y al desarrollo sostenible, construida sobre la base del derecho a la alimentación”, ha señalado Roman Herre asesor político para tierra y agricultura de FIAN Alemania.

Irresponsable

Otro claro ejemplo de esta tendencia de los bancos de desarrollo es la decisión del banco de desarrollo público belga, el Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO), junto con otros PDBs europeos y norteamericanos, de apoyar la producción de aceite de palma de Feronia PHC en la República Democrática del Congo (RDC), a pesar de la violenta represión llevada a cabo contra las comunidades activistas locales.

“A pesar de que las denuncias hechas por las comunidades afectaban directamente al banco, no existió ningún recurso de justicia y ningún modo de hacer al banco responsable por estas acciones”, ha dicho Florence Kroff, coordinadora de FIAN Bélgica.

“Incluso antes de que se tomase la decisión de financiar el proyecto, ya habíamos planteado la cuestión del riesgo de vulneración de los derechos humanos que implicaba el apoyo a esta agroindustria en la RDC, posible gracias a la concesión ilegítima de 1000.000 hectáreas de tierra. Un legado de la era colonial”, añadió Kroff.

“A esto hay que sumar la contaminación medioambiental y las condiciones laborales indignas de los trabajadores/as de las plantaciones. El dinero público belga, al igual que el alemán, francés, holandés y otros, está contribuyendo de manera directa a un clima de criminalización violenta en la región, que ya se ha gastado docenas de arrestos y detenciones arbitrarias, así como la muerte de varios activistas por la tierra”.

Ha llegado el momento de exigir responsabilidades a los bancos de desarrollo público y a los gobiernos que los controlan por las innumerables violaciones de derechos humanos que han apoyado. Asimismo, ha de ponerse fin a todas las futuras inversiones que no estén ancladas en el derecho a la alimentación, en un enfoque comunitario y en el desarrollo sostenible.

FIAN hace un llamado por:

  • El fin inmediato de la financiación de las operaciones de las corporaciones de la agroindustria y de las inversiones especulativas de los bancos de desarrollo público.
  • La creación de mecanismos de financiación puramente públicos y responsables que apoyen los esfuerzos de las comunidades por la soberanía alimentaria, la realización del derecho a la alimentación, la protección y recuperación de los ecosistemas y que aborden la emergencia climática.
  • La implementación de mecanismos resistentes y efectivos que den a las comunidades acceso a la justicia en caso de impactos perniciosos sobre sus derechos humanos o en casos de daños sociales o medioambientales ocasionados por las inversiones llevadas a cabo por los PDB.

 

Nueva SLAPP del grupo agroindustrial SOCFIN

SOCFIN es un grupo agroindustrial especializado en el cultivo de aceite de palma y el caucho. El grupo está controlado por el empresario belga Hubert Fabri (54,2% de las acciones) y por el francés Vincent Bolloré (39% de las acciones). Desde hace varios años, la SOCFIN ha ampliado sus plantaciones en varios países de África y Asia. En total, la multinacional controla más de 400.000 ha de tierra (lo que supone más de 1,5 veces el territorio de Luxemburgo) y sus plantaciones aumentaron de 129.658 a 194.300 ha entre 2009 y 2018.

Esta expansión va en detrimento de los/as pequeños/as agricultores/as y suele ir acompañada de violaciones de los derechos de las comunidades locales, conflictos por la tierra, riesgo de deforestación, contaminación, malas condiciones de trabajo, así como de la criminalización de los/as defensores/as de los derechos humanos, entre otros.

Estos impactos han sido documentados en numerosos informes de ONGs y artículos de la prensa, pero también de organismos de la ONU. En un intento de silenciar las críticas, los grupos SOCFIN y Bolloré han emprendido regularmente acciones legales. En los últimos diez años, se han iniciado cerca de treinta procedimientos de difamación contra ONGs y periodistas. La sistematización de estos procedimientos demuestra una verdadera estrategia de los SLAPPs*. Aunque casi nunca tienen éxito, estos procedimientos tienen como objetivo intimidar a las ONGs y a los/as periodistas, silenciarlos/as y hacerlos/as financieramente vulnerables.

Nuevas quejas por calumnias, insultos y violación de la vida privada son presentadas por el grupo SOCFIN y Hubert Fabri. Se trata de un informe de la ONG de derechos humanos FIAN Bélgica sobre Sierra Leona, así como de una serie de comunicados de prensa de las ONG (11.11.11, CNCD-11.11.11, FIAN Bélgica, SOS Faim Bélgica y SOS Faim Luxemburgo) y de una campaña de sensibilización llevada a cabo durante la Asamblea General del SOCFIN en Luxemburgo en mayo de 2019. Esta acción, llevada a cabo de forma totalmente pacífica, tenía como objetivo sensibilizar a la opinión pública sobre la situación de las comunidades afectadas y desafiar a los/as dirigentes de la empresa.

Paralelamente a estos procedimientos, se informó a las ONG de que el SOCFIN también ha iniciado un caso de difamación en Sierra Leona contra un defensor de los derechos humanos de la ONG Green Scenery.

Las ONG perseguidas denuncian los intentos de intimidación, sobre todo porque los/as empleados/as de la ONG son blanco de ataques.

Los abogados de las ONG Jacques Englebert (Bélgica) y Pierre Hurt (G.-D. de Luxemburgo) también deploran estas prácticas e insisten:

«Las ONG atacadas desempeñan un papel esencial como defensoras de los derechos fundamentales. Son «guardianes de la democracia» y, por lo tanto, sus expresiones gozan de una protección especial, en particular en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Su libertad de expresión debe ser protegida a toda costa. En efecto, constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones esenciales para su progreso y desarrollo».

 

Las ONG interesadas impugnan enérgicamente las acusaciones del SOCFIN y afirman haber tomado las medidas necesarias para garantizar que los hechos denunciados en los informes y comunicados de prensa publicados sean exactos y de interés público. Afirman que están decididas a seguir defendiendo los derechos de las comunidades locales afectadas y que están en línea con la campaña iniciada en Francia bajo el lema #OnNeSeTairaPas.

Para consultas de prensa, favor contacte:
En Bélgica:
[FR] Florence Kroff – FIAN Bélgica: +32 475 84 56 24 / florence@fian.be
NL] Hanne Flachet – FIAN Bélgica: +32 484 96 04 30 / hanne@fian.be
En Luxemburgo:
[FR] Marine Lefebvre, SOS Faim Luxemburgo: +352 49 09 09 96 26 – mlef@sosfaim.org

*Definición de “SLAPPs”:
SLAPP puede definirse como una acción legal destinada a obstaculizar la participación y el activismo político. En la mayoría de los casos, se trata de una demanda civil por difamación contra un individuo u organización que ha tomado partido en un asunto público. El concepto también incluye amenazas de enjuiciamiento, porque el éxito de una operación de este tipo no parece provenir tanto de una victoria en la corte como del proceso mismo, dirigido a intimidar al acusado (el que está bajo ataque).

El Observatorio trae el debate de las semillas de vuelta a la UE

En los últimos años se han sucedido diversas negociaciones sobre la regulación europea de las semillas.  La tendencia general ha sido la de aumentar la defensa de las patentes tecnológicas de modificación genética y el monopolio de las semillas industriales. Ambas acciones destruyen la biodiversidad agrícola y erosionan el sistema de semillas campesinas, el cual alimenta a la mayor parte de la población mundial.

Actualmente, dos tercios del mercado mundial de semillas y pesticidas están controlados por tres corporaciones transnacionales. Con creciente dificultad por parte de los gobiernos para enfrentarse a este poder, la legislación de semillas pone la soberanía política de los pueblos y sus derechos humanos bajo el control de las grandes empresas.

Por otra parte, sigue en aumento la criminalización de los y las que defienden el acceso y control sobre los recursos naturales, incluyendo las semillas, como derecho humano. Paradójicamente, mientras las semillas deberían ser consideradas un bien común, el uso e intercambio tradicional de estas puede conllevar sanciones.

Estos problemas esenciales en la política interna y externa de la UE, junto con otros temas relacionados, se debatirán el 16 de noviembre en el Parlamento de la UE siguiendo la presentación de las conclusiones clave del Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, que ha sido titulado “Las semillas en las manos de los pueblos” (“Keeping Seeds in Peoples’ Hands”). Presidido por los diputados del PE Maria Heubuch, Maria Noichl y Bart Staes, el panel contará con la participación de Sofia Monsalve (FIAN Internacional), Guy Kastler (Red de Semillas Campesinas y La Via Campesina) y Bernhard Walter (Brot für die Welt), así como de oficiales de la Comisión Europea.

Puede registrarse para el 10 de noviembre aquí.
Puede accede a la invitación aquí.
Para más información, por favor contacte con backes[at]fian-europe.org  
Para consultas relacionadas con los medios, por favor contacte con delrey[at]fian.org   

Gira sobre los Guarani-Kaiowá arranca en Europa

Ginebra, Bruselas, Heidelberg -16 de septiembre 2014: Por segundo año consecutivo se realiza una gira de dos semanas en Europa sobre las comunidades indígenas Guaraní-Kaiowá de Brasil. La delegación está integrada por Flávio Vicente Machado – Coordinador del Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Regional de Mato Grosso do Sul -, y el líder Eliseu Lopes – de la comunidad de Kurusu Amba, miembro del Movimento Aty Guasu (la Asamblea Guaraní-Kaiowá, que es la más alta autoridad política tradicional) y de la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB.

El pueblo indígena Guarani-Kaiowá lucha desde más de cuarenta años para recuperar sus territorios ancestrales y así, vivir en conformidad con su cultura y sus tradiciones, lejos del hambre, de la malnutrición y de la pobreza, luchando por su derecho a la alimentación y por otros derechos humanos relacionados. «Incluso con persecuciones y con la falta de condiciones, la lucha no se detiene, estamos buscando nuestros derechos», afirma miembro de la delegación Guaraní-Kaiowá, Eliseu Lopes.

La delegación se reunirá con autoridades de alto nivel en Ginebra y Bruselas para hacer visible la violencia que las comunidades Guaraní-Kaiowá han enfrentado debido a su lucha por su derecho al territorio, sensibilizar a los órganos políticos de la Unión Europea (UE) sobre la aplicación de las directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos, buscar apoyo para la lucha de los Guaraní-Kaiowá, y para aumentar la conciencia pública sobre esta cuestión.

El Sr. Lopes dará una declaración oral para el programa de los pueblos indígenas en la 27 ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. La delegación participará en un evento paralelo «La lucha de los Guaraní-Kaiowá en Brasil por sus territorios y contra el hambre«, co-patrocinado por FIAN Internacional, CIMI, Franciscans International y Swiss Church Aid (HEKS). La delegación luego se reunirá con representantes de las misiones estatales y los equipos de los Relatores Especiales sobre el Derecho a una Alimentación Adecuada y sobre Defensores de Derechos Humanos, entre otros, y con otros representantes de la sociedad civil.

En Bruselas, las principales actividades incluirán eventos públicos y un debate con los ciudadanos belgas y europeos, reuniones con organizaciones no gubernamentales y trabajo de prensa. La delegación también presentará su caso ante los miembros del Parlamento Europeo, así como a los representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), y participará en un debate público tras la proyección de documental «El lado oscuro del verde«.

Comunicado de Prensa publicado por CIMI y FIAN Internacional.

See below for more information

Página web de CIMI

Portal de FIAN Bélgica

FIAN Internacional da la bienvenida a las Observaciones Finales del Comité de la ONU sobre Austria, Bélgica y Noruega

Tras el envío periódico de informes por los Estados de Austria, Bélgica y Noruega al Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) durante el pasado noviembre, las secciones de FIAN en estos países han dado la bienvenida a las observaciones finales del comité acerca de la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

En Austria, el Comité de la ONU recomendó al gobierno «la adopción de un enfoque de derechos humanos en sus políticas sobre ayuda oficial al desarrollo, agricultura y comercio». A nivel doméstico, algunas recomendaciones para Austria relacionadas con las preocupaciones señaladas por FIAN Austria durante la sesión incluían: 1) la toma de unas medidas concretas que garanticen el derecho a unos estándares de vida adecuados para las personas que solicitan asilo; 2)intensificar los esfuerzos del Estado para asegurar la igualdad en el empleo de hombres y mujeres; y 3) garantizar el derecho a una alimentación adecuada para las personas que vivan en la pobreza, apoyando la progresiva realización del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de seguridad alimentaria nacional, adoptando una estrategia integral y de largo plazo que combata la pobreza, basándose en un análisis completo se sus causas fundamentales.

Por otro lado, el Comité pide a Bélgica una mayor ayuda, menos agrocombustibles, y apoyo específico para la agricultura a pequeña escala. En respuesta a las preocupaciones expresadas por FIAN Bélgica en torno a la disminución de la agricultura a pequeña escala y el aumento de casos de suicidio entre las personas que trabajan en la agricultura a pequeña escala, tal y como afirman sindicatos de trabajo del país, las recomendaciones para Bélgica del Comité incluyeron la protección de la agricultura a pequeña escala, y especialmente de las personas agricultores más jóvenes, y también la adopción de las Directrices Voluntarias en apoyo a la Realización Progresiva del Derecho a la Alimentación y de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de tierras, para proteger la agricultura a pequeña escala. Del mismo modo, el Comité también señaló que Bélgica todavía no ha cumplido con su compromiso de aumentar su Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA) hasta el 0,7% de su Producto Interior Bruto (PIB), y está preocupado porque la ODA incluso ha disminuido en los últimos años.

En cuanto a Noruega, el Comité expresó su preocupación sobre algunos pasos tomados por el Estado en relación con la responsabilidad social del Fondo Global de Pensiones del Estado – a nivel mundial, el mayor fondo soberano de riqueza con inversiones en más de 7.000 compañías de todo el mundo – y que, según el comité, no ha incluido la institucionalización sistemática de las evaluaciones de los impactos de sus inversiones en los derechos humanos. Por este motivo, algunas de las  recomendaciones para Noruega incluyeron: 1) «introducir una herramienta de gestión que sistemáticamente evalúe los impactos previos y posteriores en los derechos humanos de las inversiones en países del tercer mundo; y 2) adoptar unas políticas u otras medidas para prevenir el incumplimiento de los derechos humanos en el extranjero a manos de corporaciones con base en Noruega.

El Comité animó también a los tres países a que consideren la ratificación del PF-PIDESC.

Para una mayor información, por favor, encuentren a continuación los comunicados de prensa y las observaciones finales del CDESC para Austria, Bélgica y Noruega, así como otros enlaces interesantes:

UN Treaty Webcast (vea aquí las sesiones de las Observaciones Finales por pais)

Consorcio ETO página web por los derechos humanos más allá de las fronteras. Lea aquí el artículo sobre el tema.

Comunicado de Prensa – FIAN Austria (disponible en alemán)

Comunicado de Prensa – FIAN Bélgica (disponible en francés)

Comunicado de Prensa – FIAN Noruega (disponible en noruego)