Country: Argentina

El acaparamiento global de tierras evidencia la creciente desigualdad de riqueza y la necesidad de reformas

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Extensas parcelas de tierra en el Sur Global están siendo cada vez más adquiridas por inversionistas internacionales y corporaciones ultrarricas, fomentando una creciente desigualdad – parte de una tendencia global de transferencia de riqueza que perjudica a los pobres y a la clase trabajadora.

Un nuevo informe de FIAN International y Focus on the Global South, Los señores de la tierra: terratenientes transnacionales, desigualdad y el imperativo de la redistribución, pone el foco en los diez mayores propietarios transnacionales de tierras del mundo – que controlan 404.457 km², un área del tamaño de Japón.

Esto forma parte de una fiebre mundial por la tierra. Desde el año 2000, corporaciones e inversores financieros han adquirido aproximadamente 65 millones de hectáreas de tierra – el doble del tamaño de Alemania. Hoy en día, el 70 por ciento de las tierras agrícolas globales están controladas por el 1 por ciento de las mayores explotaciones industriales.

Desplazamientos forzados

Esta concentración tiene graves implicaciones para la seguridad alimentaria, amenazando los medios de subsistencia de 2.500 millones de pequeños agricultores y 1.400 millones de las personas más pobres del mundo, la mayoría de las cuales dependen de la agricultura para sobrevivir. También está provocando violencia, desalojos forzosos, destrucción ambiental y contribuyendo al cambio climático.

Prácticamente todos los principales propietarios globales de tierras han sido implicados en informes sobre desplazamientos forzados, destrucción ambiental y violencia contra las comunidades.

Uno de los principales actores es el fondo de pensiones estadounidense TIAA, que ha adquirido decenas de miles de hectáreas en la región del Cerrado brasileño, una de las áreas con mayor biodiversidad del mundo. En el Cerrado, aproximadamente la mitad de la tierra ha sido convertida en plantaciones de árboles, grandes monocultivos agroindustriales y pastos para la producción ganadera  – en medio de informes sobre acaparamientos violentos de tierras, deforestación y destrucción ambiental que ya muestran signos de impacto en el clima.

TIAA casi cuadruplicó sus propiedades de tierras entre 2012 y 2023, pasando de 328.200 hectáreas a 1,2 millones de hectáreas.

Desigualdad

La concentración de tierras tiene consecuencias para el mundo entero. El hecho de que vastas extensiones de tierra en diferentes jurisdicciones estatales sean controladas por corporaciones distantes socava la soberanía estatal y la autodeterminación de los pueblos.

El monocultivo industrial a gran escala, a menudo llevado a cabo en estas tierras, es un importante motor del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la destrucción de ecosistemas, impidiendo transiciones justas hacia sistemas alimentarios y modelos económicos más equitativos y sostenibles.

Esto forma parte de una tendencia global de creciente desigualdad y concentración de la riqueza. Desde mediados de la década de 1990, el 1% más rico de la población mundial ha capturado el 38% de toda la riqueza adicional acumulada, mientras que el 50% más pobre ha recibido solo el 2%. Se estima que 3.600 millones de personas, o el 44% de la población mundial, viven ahora con menos de 6,85 dólares estadounidenses al día, un nivel que impide una vida digna.

Dado que el acaparamiento de tierras está impulsado en gran medida por el capital global y la acumulación de tierras a través de diferentes jurisdicciones por parte de corporaciones transnacionales y entidades financieras, la cooperación internacional es esencial. La próxima segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20) en Colombia a principios del próximo año ofrece una oportunidad crítica para que los gobiernos acuerden medidas que pongan fin al acaparamiento de tierras, reviertan la concentración de tierras y aseguren una distribución amplia y sostenible de los recursos naturales.

En un mundo que enfrenta crisis interconectadas – colapso climático, inseguridad alimentaria, pobreza persistente y desigualdad social – y una reconfiguración del equilibrio de poder global, existe una oportunidad para alejarse de las políticas neoliberales que han beneficiado a muy pocos, y crear un futuro global más justo y sostenible para todas y todos.

Para más información o entrevistas con medios, por favor contacte a Philip Seufert seufert@fian.org o Amanda Cordova-Gonzales cordova-gonzales@fian.org

La Transición hacia sistemas alimentarios libres de pesticidas: Las luchas y la imaginación de los pueblos

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Los pesticidas están provocando una catástrofe mundial de derechos humanos y medioambiental.
Se estima que son responsables de unas 200 000 muertes por intoxicación
aguda cada año. La exposición a largo plazo puede llevar a diagnósticos crónicos
como cáncer, defectos de nacimiento y daños reproductivos, y anomalías en los sistemas
neurológico, de desarrollo e inmunológico. La escorrentía de los pesticidas aplicados
a los cultivos contamina con frecuencia el ecosistema circundante y más allá,
con consecuencias ecológicas nocivas que exacerban la pérdida de biodiversidad. Los
pesticidas también pueden dañar la biodiversidad de los suelos, lo que puede acarrear
grandes descensos del rendimiento de los cultivos, y plantear con ello problemas
para la seguridad alimentaria.

El estudio de FIAN investiga cómo están realizando los países la transición hacia la
agroecología y sistemas alimentarios libres de pesticidas. A través del examen de los
casos de la India, el Brasil, la Argentina, Francia, España, Italia y los Estados Unidos
(EE.UU.), el estudio de FIAN proporciona un diagnóstico claro de los problemas de derechos
humanos y medioambientales derivados de los pesticidas. Al fundamentar su
análisis en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos
y de otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, FIAN identifica claramente
las oportunidades y los puntos fuertes que ofrece el marco de derechos humanos en
lo que respecta a la transición hacia el abandono de los agrotóxicos. Al final, el trabajo
de FIAN proporciona los cimientos para que los movimientos de base, los gobiernos
locales y estatales y la comunidad internacional creen sociedades libres de pesticidas
que puedan defender el derecho a un medio ambiente libre de sustancias tóxicas para
todas las personas.

Ver el estudio LA TRANSICIÓN HACIA SISTEMAS ALIMENTARIOS LIBRES DE PESTICIDAS: LAS LUCHAS Y LA IMAGINACIÓN DE LOS PUEBLOS

 

Represión violenta contra la comunidad indígena Mapuche en Argentina

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La policía federal y provincial desplegó alrededor de 200 agentes en una gran operación basada en una orden judicial para liberar la línea ferroviaria del Viejo Expreso Patagónico. La comunidad Lof de Resistencia Cushamen, que forma parte de la comunidad Mapuche, una de las poblaciones indígenas más antiguas de Sudamérica, había bloqueado la línea ferroviaria el pasado año en su lucha por recuperar su territorio ancestral, actualmente en manos de la compañía italiana Benetton.

La operación fue llevada a cabo en un contexto de creciente criminalización y estigmatización de la comunidad Mapuche, en su lucha por recuperar un territorio que les pertenece por derecho. La comunidad Lof de Resistencia Cushamen empezó su movilización en 2015, con la intención de recuperar sus tierras tradicionales, mediante la ocupación de una parte de las mismas.

En una carta enviada al Gobernador de la Provincia Argentina de Chubut en la Patagonia, FIAN Internacional expresa su preocupación por las violentas acciones policiales contra la comunidad Mapuche Lof de Resistencia Cushamen que tuvieron lugar el 10 y 11 de enero de 2017. El estado argentino debe cumplir con su obligación de respetar, proteger y garantizar que se cumplan los derechos humanos de la población Mapuche, tal y como recoge la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es necesario que se lleve a cabo una investigación sobre los actos de violencia perpetrados, así como que se inicie el proceso de restitución de las tierras tradicionales de los y las Mapuche.

La organización también se ha dirigido a la Embajada italiana en el país para investigar y controlar el caso, dada su particular responsabilidad, al encontrarse Benetton bajo jurisdicción italiana. Asimismo, FIAN Internacional ha solicitado a la delegación de la Unión Europea que se asegure de la integridad física de la comunidad teniendo en cuenta las Directrices de la Unión Europea sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

Para consultas relacionadas con los medios, por favor contacte con delrey[at]fian.org  

Mil millones de personas dependen del adecuado funcionamiento de la CIDH

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El pasado lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó la sorprendente noticia sobre su crisis financiera. La Comisión anunció que tendrá que prescindir del 40 por ciento de su plantilla a partir de julio. Al mismo tiempo, los periodos de sesiones 159 y 160 serán suspendidos a menos que se reciban fondos o donaciones antes del 15 de junio. Estos importantes cambios tendrán un grave impacto sobre la capacidad de la Comisión para cumplir con su mandato y seguir desempeñando sus funciones básicas, lo que pone en riesgo la protección de los derechos humanos de las mil millones de personas que habitan en las Américas.

En respuesta a esta situación, diversas ONG de todo el mundo han publicado una carta abierta en la que solicitan a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se tomen las medidas necesarias que puedan asegurar con urgencia una financiación adecuada de la CIDH. 

FIAN Internacional quiere recordar que el Sistema de Derechos Humanos Interamericano es fruto de la lucha del pueblo. Fueron los pueblos de las Américas los que delegaron su soberanía en los Estados, para que éstos crearan un sistema que asegurara su protección frente a los abusos y las injusticias. Por lo tanto, los Estados miembros de la OEA están obligados a asegurar una financiación sostenida de la Comisión, para que ésta pueda mantenerse en pleno funcionamiento como último recurso frente a las violaciones de los derechos fundamentales en el continente americano, y como referencia internacional por los grandes esfuerzos realizados en la protección de los miles de personas y comunidades afectadas.        

Pueden leer la carta abierta aquí.

Audiencia alerta situación del derecho a la alimentación y regulación de semillas en América Latina

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Buenos Aires, Heidelberg, Washington; 31 de octubre de 2014: organizaciones campesinas y de derechos humanos presentan hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) información sobre soberanía alimentaria, derecho a la alimentación adecuada y el impacto en los derechos humanos de las nuevas regulaciones en materia de semillas en América Latina y el Caribe.

A pesar de que en la última década la producción rural generó un aumento significativo en el crecimiento económico, el 80% de quienes sufren de hambre y el 75% de quienes se encuentran en situación de pobreza extrema son habitantes de zonas rurales.

En una audiencia pública en el marco del 153 período de sesiones de la CIDH en Washington, D.C., las organizaciones buscan alertar a la CIDH sobre la situación del derecho a la alimentación adecuada en la región, en particular del campesinado y los pueblos indígenas, el impacto de los modelos de desarrollo, los problemas derivados de las normas que regulan el uso de semillas y el rol de la justicia en estas cuestiones. 

En 2014 se cumple el 10mo aniversario de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación. Las organizaciones señalan los retos que ese derecho enfrenta en la región: acaparamiento de tierras y recursos naturales para la implementación de proyectos mineros -como el caso de las comunidades el Hatillo en Colombia y Kimsakocha en Ecuador- y para la expansión de la agroindustria y producción de cultivos comodín como palma, maíz y soja -en el caso de los Guaraní Kaiowá en Brasil y Monte Oscuro en Colombia. 

Las comunidades vienen recurriendo al poder judicial, sin embargo el acceso a la justicia es inefectivo -como en el caso de desnutrición de Camotán en Guatemala donde el Estado ha venido dilatando la implementación de la primera sentencia judicial que reconoce la violación del derecho a la alimentación. La respuesta estatal y de entes privados ante la resistencia y defensa de las comunidades se ha caracterizado por ser violenta y hacer uso de la criminalización como en el caso del conflicto agrario en el Bajo Aguán, donde fueron asesinados campesinos que luchaban por su derecho a la tierra, o el caso de Curuguaty–Marina Cue en Paraguay donde varios campesinos enfrentan un proceso judicial sin las debidas garantías. 

La audiencia pública se puede seguir en vivo a partir de las 16.15 hora de Washington, en la que las organizaciones solicitarán a la Comisión que monitoree con periodicidad la situación de los derechos a la alimentación y al territorio de la población rural; recomiende a los Estados medidas para mejorar sus condiciones de vida, abordar las causas estructurales de tales violaciones y adoptar políticas públicas favorables a los titulares de esos derechos; monitoree las obligaciones extraterritoriales de los Estados en casos que involucran a empresas transnacionales; vigile la creciente criminalización de las luchas campesinas; desarrolle estándares específicos en atención a estas problemáticas e intercambie con las Naciones Unidas sobre los avances normativos que se están dando sobre esta materia. 

Estas demandas están articuladas por la perspectiva de la defensa de la soberanía alimentaria y de ser atendidas ayudarían a revertir las vulneraciones a los derechos humanos, en especial a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), y a eliminar la discriminación estructural que las comunidades rurales sufren hoy. En este marco se inscribe el trabajo de promoción, defensa y justiciabilidad del derecho a la alimentación adecuada, así como las denuncias y movilizaciones en torno a los procesos de acaparamiento de tierras y los impactos negativos que tienen las nuevas tendencias de regulación de semillas. Para mitigar estos impactos en los derechos humanos, se deben procurar marcos regulatorios a medida de cada realidad y preservar la función de los sistemas tradicionales de semillas de los agricultores. 

La audiencia fue solicitada por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC- Vía Campesina); FIAN Internacional; el Colectivo Social por el Derecho Humano a la Alimentación (Guatemala); el Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán–OPDHA (Honduras); y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina). 

Lea el documento final presentado ante la CIDH durante la audiencia

Para mayor información por favor comunicarse con:

Diego Montón de CLOC-LVC

Angélica Castañeda Flores de FIAN Internacional

Juan Carlos Morales González de FIAN Colombia

Magali Cano de la ‘Campaña Guatemala sin Hambre’

Gabriela Kletzel de CELS

Argentina: Desalojo violento de familias campesinas indígenas por usurpación de tierras en Santiago del Estero.

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Las familias indígenas del Lote 4, Pozo del Toba, Quimilí, Departamento Moreno, Santiago del Estero, en el noroeste de la Argentina, fueron desalojadas violentamente por las fuerzas de seguridad del Estado, que actuaron a favor de los empresarios sojeros. La posesión pacífica y continua de estas familias por más de veinte años había sido reconocida oficialmente en 1994. Ahora la Justicia se ha puesto al lado de la consolidación de la venta de esas tierras a empresarios sojeros nacionales e internacionales, causando una seria violación al Derecho a la Alimentación de estos pueblos indígenas.

Argentina: Hostigamiento de comunidades campesinas amena-zadas por usurpación de sus tierras, Santiago de Estero

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Las comunidades campesinas de la localidad de Santa Maria Salomé en la provincia Santiago de Estero están siendo víctimas de amenazas sistemáticas y continuas por parte de la empresa “Madera Dura del Norte”, en connivencia con la policía y el juzgado de 4ta Nominación de Santiago del Estero, y con la presencia de paramilitares con el fin de usurpar sus tierras. La pretensión de los inversionistas es arrasar y dejar sin un árbol unas 156.000 hectáreas para que se continúe extendiendo el modelo agroindustrial presumiblemente para el cultivo extenso de la soya.  

Es urgente enviar cartas al Gobernador de la Provincia con copia al Secretario de la Presidencia de la Nación reclamando el respeto y la protección de los derechos humanos a la alimentación, al agua y la vivienda de las comunidades. Por favor, envie una copia de su carta al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, MOCASE.

Argentina: Represión, detención e intento de desalojo a comunidad indígena en Salta

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La empresa Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A., de propriedad de la empresa norteamericana Seabord Corporation está turbando la posesión de las tierras de las familias de la comunidad indígena Guarani Iguopeingenda El Algorrobal mediante el desmonte de cultivos y bosques, quema de casas, bloqueo de salidas y amenazas a las familias. El pasado 5 de agosto la empresa hizo un „operativo cerrojo“ con docenas de guardias de vigilancia privada, abriendo paso a las máquinas que destruyeron los cultivos. La policía permitió que los guardias actuaran impunemente en la zona, golpeando salvajemente a ancianos, mujeres y niños. Los guardias mismos hicieron la denuncia policial y los policías regresaron y detuvieron a siete personas, sin ninguna orden escrita.  

Esta situación de represión, el intento de desalojo y la detención ilegal representan una  consecuente violación de los derechos humanos, particularmente del derecho a la alimentación. Es muy importante presionar a las autoridades argentinas para que tomen medidas urgentes destinadas a respetar, proteger y garantizar los derechos de la comunidad indígena Guarani Iguopeingenda El Algorrobal. Por favor, envíe cartas al Presidente de Argentina Dr. Néstor Kirchner con copia para el gobernador de la Provincia de Salta, Dr. Juan Carlos Romero. Informe  también a la comunidad indígena Guarani Iguopeingenda