Transformar los sistemas alimentarios de abajo arriba: políticas alimentarias locales y participación pública en Europa

El proyecto es un esfuerzo colectivo de FIAN Internacional, FIAN Austria, FIAN Bélgica, FIAN Portugal, Observatori DESCA (España) y (la antigua) FIAN Suecia, financiado por la UE.   

En los últimos años se ha producido en toda Europa un aumento de las políticas e iniciativas de los gobiernos locales en torno a los (sistemas) alimentarios y la nutrición. Esto se ha visto acompañado e impulsado por la aparición de espacios participativos, como los consejos de política alimentaria, que implican a las comunidades en la elaboración de políticas alimentarias a nivel local.  

El proyecto CRESS examina políticas e iniciativas concretas de gobiernos locales y regionales y espacios de participación comunitaria en seis países europeos: Austria, Bélgica, Alemania, Portugal, España y Suecia. El proyecto examinó las áreas de compromiso y las limitaciones a las que se enfrentan los gobiernos locales, así como el carácter transformador (desde la perspectiva de los derechos humanos) de las políticas e iniciativas presentadas.  

Además, un aspecto central del proyecto era comprender cómo se organiza la participación en los distintos países y localidades: qué estructuras existen y qué influencia tienen, quién participa y quién permanece al margen, cómo se abordan las relaciones de poder y los conflictos de intereses…  

Los resultados del proyecto se presentan en tres documentos: (1) un mapeo que resume la situación de cada uno de los seis países y extrae algunas reflexiones generales, (2) un mapa interactivo que ofrece más detalles sobre los casos examinados y (3) un conjunto de herramientas que pretende crear una mayor comprensión sobre cómo hacer operativa la elaboración de políticas locales basadas en los derechos humanos, incluidas las repercusiones a nivel de la UE.  

Los resultados del mapeo indican que se están dando pasos importantes a nivel local para relocalizar los sistemas alimentarios y hacerlos más saludables, sostenibles y justos. Existe un mayor reconocimiento por parte de los gobiernos locales del papel que pueden desempeñar y múltiples estrategias e iniciativas que abarcan áreas críticas de intervención, desde la restauración colectiva y la contratación pública, pasando por el apoyo a la producción ecológica y los mercados locales, hasta los cambios en los criterios de uso del suelo. Al mismo tiempo, los gobiernos locales se ven limitados por una serie de factores internos y externos, como la falta de recursos humanos y financieros y las políticas de la UE, que dificultan la regionalización.  

The project’s findings also reflect the immense diversity that exists across Europe – and within countries – with regard to structures of community participation. They highlight the critical relevance of such spaces, and community mobilization, for putting food on the agenda of local governments and pushing for transformative, bottom-up food systems changes. At the same time, and despite many efforts, important challenges and limitations remain, especially with regard to including marginalised groups within these spaces and enabling their voices to be heard. 

Las conclusiones del proyecto también reflejan la inmensa diversidad que existe en Europa -y dentro de los países- en lo que respecta a las estructuras de participación comunitaria. Destacan la importancia fundamental de estos espacios y de la movilización comunitaria para incluir la alimentación en la agenda de los gobiernos locales e impulsar cambios transformadores y ascendentes en los sistemas alimentarios. Al mismo tiempo, y a pesar de los muchos esfuerzos realizados, siguen existiendo importantes retos y limitaciones, especialmente en lo que respecta a la inclusión de los grupos marginados en estos espacios y a la posibilidad de que sus voces sean escuchadas.   

La caja de herramientas pretende fomentar un enfoque más amplio de los derechos humanos para abordar los retos de los sistemas alimentarios desde la base y promover estructuras de gobernanza inclusivas. Pretende contribuir a nuestra comprensión colectiva del compromiso estratégico con los sistemas alimentarios a nivel local en Europa y fomentar estrategias para garantizar una gobernanza ascendente más sólida a nivel de la Unión Europea (UE). Explora el potencial de la arquitectura multinivel de las políticas y estructuras de gobernanza de los sistemas alimentarios y examina cómo las políticas regionales repercuten en la elaboración de políticas locales.  

La cartografía, el mapa interactivo y el conjunto de herramientas también están disponibles en otros idiomas:  

Cartografía: Francés, alemán, portugués, inglés y sueco  

Mapa interactivo: Francés, alemán, portugués, inglés y sueco  

Kit de herramientas: Francés, alemán, portugués, inglés y sueco  

 

Para más información, póngase en contacto con Emily Mattheisen: mattheisen@fian.org o Laura Michéle: michele@fian.org 

 

Banco Alemán de Desarrollo está obligado a proporcionar información sobre inversiones agrícolas en Paraguay

El Tribunal Administrativo de Fráncfor, Alemania, ha dado la razón a la organización de derechos humanos FIAN ante su demanda de información presentada contra el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), el Banco de Desarrollo de Alemania.

Durante años, el KfW se ha negado a facilitar el acceso a los planes medioambientales y sociales del inversor agrícola PAYCO, que opera en Paraguay. La filial del KfW, Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) posee una participación del 15,8% en PAYCO.

El tribunal dictaminó que el KfW, como autoridad pública, está obligado a proporcionar información en virtud de la Ley de Libertad de Información, IFG, y en por lo tanto debe proporcionar información de interés público de la DEG.

Philipp Mimkes, Director Ejecutivo de FIAN: «¡El juicio es un gran éxito! PAYCO es responsable de conflictos territoriales con los pueblos indígenas, de daños medioambientales y de deforestación. Ahora el público y la política podrán tener una mejor idea de esta inversión en un futuro próximo. En nuestra opinión, es alarmante que los fondos de desarrollo alemanes financien la agricultura industrial y que haya que luchar por la información a través de costosos procedimientos legales.»

La Corporación Agrícola de Paraguay PAYCO es uno de los mayores terratenientes de Paraguay, con 146.000 hectáreas. La empresa cultiva soja transgénica, posee plantaciones de árboles y cría ganado. PAYCO también vende semillas modificadas genéticamente a terceros.

La demanda fue apoyada por el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR). Sönke Hilbrans, asesor jurídico principal del Área de Programa de Empresas y Derechos Humanos de la organización, subraya: «No es sólo un hito que el Tribunal Administrativo obligue a KfW a proporcionar información sobre las actividades de su filial DEG en virtud de la Ley de Libertad de Información. Según el tribunal, la DEG cumple funciones públicas. La estrategia del banco estatal de fingir que su filial no tenía nada que ver con su mandato de desarrollo no funcionó. Esto significa también que la DEG, como cualquier otro organismo público, tiene responsabilidades en materia de derechos humanos y medioambiente. Esto tendrá consecuencias más allá del derecho de acceso a la información».

En enero de 2013, la DEG invirtió 25 millones de euros en PAYCO con sede en Luxemburgo. De este modo, la DEG obtuvo el 15,8% de las acciones de PAYCO.

FIAN tiene conocimiento de dos conflictos territoriales en las zonas de tierra adquiridas por PAYCO. Dos comunidades indígenas del pueblo Mbya Guaraní viven dentro de la Estancia Golondrina. Reclaman 2.015 hectáreas de tierra en la estancia, que es el núcleo de la comunidad. En 2013, iniciaron las gestiones formales para la cesión de los terrenos, hasta la fecha sin éxito.

«El cumplimiento de la inequívoca reivindicación de los derechos humanos de las comunidades indígenas no se ha resuelto en casi diez años de copropiedad de la DEG. Desde nuestro punto de vista, la DEG antepone los intereses económicos privados a los derechos humanos», critica Philipp Mimkes.

Incluso dentro de la mayor finca de PAYCO, Lomas (36.408 hectáreas), las comunidades reclaman tierras que les fueron concedidas en base a la reforma agraria. Ya en 2011, el municipio de Segunda Reconstrucción presentó la correspondiente solicitud a la autoridad competente. Según el municipio, unas 1.000 hectáreas de su terreno se encuentran dentro de la finca. A pesar del proceso pendiente, según la comunidad, es precisamente en estos terrenos donde se han establecido parte de las plantaciones de eucalipto desde 2013 -desde que interviene la DEG-.

Contacto:

FIAN: Philipp Mimkes; P.Mimkes@Fian.de

ECCHR: Maria Bause; presse@ecchr.eu

Los bancos de desarrollo públicos han de poner fin a la financiación de la agroindustria

La cumbre llega justo después de la Cumbre de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios, inicialmente concebida para abordar el hambre en el mundo y posteriormente secuestrada por los intereses corporativos y utilizada como excusa para presentar las falsas soluciones corporativas, cuyo único objetivo es la obtención de beneficios.

Muy poco hace pensar que esta cumbre, Finanzas en Común, será algo diferente. No sólo por el enorme fracaso al tratar de optar por un enfoque de derechos humanos/comunidad de la cumbre del año anterior sino, sobretodo, por los enormes conflictos en materia de derechos humanos que arrastran estos bancos de titularidad pública.

En la víspera de la cumbre, FIAN Internacional junto a otras 280 organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales hace un llamado a los gobiernos para que pongan fin al apoyo financiero estatal que reciben las compañías de la agroindustria, y a los proyectos que roban la tierra, los recursos naturales y las formas de subsistencia de las comunidades locales.

Un historial muy deficiente

Los bancos de desarrollo públicos son instituciones financieras controladas y ordenadas por los estados, que financian actividades que deberían contribuir a la mejora de la vida de las comunidades, principalmente en el hemisferio sur. Estas instituciones dirigen más de 2 billones de dólares al año a la financiación de compañías públicas y privadas para la realización de carreteras, plantas energéticas y plantaciones de la agroindustria. Se estima que 1,4 billones de esta financiación se destinan al sector de la alimentación y la agricultura.

Muchos de estos PDBs cuentan con un deficiente historial en lo que respecta a la transparencia e inversiones que benefician a las corporaciones de la agroindustria, a costa de granjeros/as, pastores/as, pescadores/as, trabajadores/as del sector de la alimentación y comunidades indígenas, y socavando su soberanía alimentaria, ecosistemas y derechos humanos. Asimismo, estas instituciones tienen un fuerte legado de inversiones en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia, destrucción medioambiental y otras severas violaciones de los derechos humanos.

Por otro lado, estos bancos de desarrollo público están incrementando el uso de fondos extraterritoriales de capital privado y complicadas redes de inversión – incluyendo a intermediarios financieros – para orientar las inversiones, lo que dificulta enormemente su control, como han señalado las recientes revelaciones en torno al desarrollo de la institución financiera alemana Deutsche Investitions– und Entwicklungsgesellschaft (DEG).

Ligados a la violación de los derechos humanos

DEG, subsidiaria del banco de desarrollo estatal más grande de Alemania, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), destina miles de millones de euros al desarrollo financiero en América Latina, Asia y África.

FIAN Alemania ha monitoreado las vulneraciones de derechos relacionadas con las inversiones llevadas a cabo por este banco durante muchos años, con las dificultades derivadas de la falta de transparencia de estos bancos. El resultado desvela que más de la mitad de la financiación anual de DEG está dirigida a través de intermediarios financieros y otros bancos y fondos.

Queda decir que ni siquiera el gobierno alemán tiene una clara idea de a dónde va este dinero ni de su impacto real. Resulta, por lo tanto, prácticamente imposible forzar a los bancos a cumplir con las obligaciones alemanas en materia de derechos humanos. En los casos en los que FIAN pudo identificar inversiones concretas en agroindustria, pudo también detectar evidencias de violaciones de los derechos humanos.

En Zambia, por ejemplo, DEG destina decenas de millones de dólares americanos a la mayor compañía de la agroindustria de Zambia, en la que FIAN pudo documentar casos de expropiación forzada que involucraban directamente a Zambeef y que se remontan a 2013. En Paraguay, DEG es cotitular de la segunda mayor compañía del país, Paraguay Agricultural Corporation PAYCO, destinada a adquirir tierras a gran escala, incluyendo tierras de asentamientos indígenas, para proyectos masivos de agroindustria y uso intensivo de pesticidas.

“Estos son casos emblemáticos que ejemplifican las preferencias de inversión de DEG por la agroindustria a gran escala y que dejan fuera el apoyo y la promoción igualitaria, centrada en los pueblos y al desarrollo sostenible, construida sobre la base del derecho a la alimentación”, ha señalado Roman Herre asesor político para tierra y agricultura de FIAN Alemania.

Irresponsable

Otro claro ejemplo de esta tendencia de los bancos de desarrollo es la decisión del banco de desarrollo público belga, el Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO), junto con otros PDBs europeos y norteamericanos, de apoyar la producción de aceite de palma de Feronia PHC en la República Democrática del Congo (RDC), a pesar de la violenta represión llevada a cabo contra las comunidades activistas locales.

“A pesar de que las denuncias hechas por las comunidades afectaban directamente al banco, no existió ningún recurso de justicia y ningún modo de hacer al banco responsable por estas acciones”, ha dicho Florence Kroff, coordinadora de FIAN Bélgica.

“Incluso antes de que se tomase la decisión de financiar el proyecto, ya habíamos planteado la cuestión del riesgo de vulneración de los derechos humanos que implicaba el apoyo a esta agroindustria en la RDC, posible gracias a la concesión ilegítima de 1000.000 hectáreas de tierra. Un legado de la era colonial”, añadió Kroff.

“A esto hay que sumar la contaminación medioambiental y las condiciones laborales indignas de los trabajadores/as de las plantaciones. El dinero público belga, al igual que el alemán, francés, holandés y otros, está contribuyendo de manera directa a un clima de criminalización violenta en la región, que ya se ha gastado docenas de arrestos y detenciones arbitrarias, así como la muerte de varios activistas por la tierra”.

Ha llegado el momento de exigir responsabilidades a los bancos de desarrollo público y a los gobiernos que los controlan por las innumerables violaciones de derechos humanos que han apoyado. Asimismo, ha de ponerse fin a todas las futuras inversiones que no estén ancladas en el derecho a la alimentación, en un enfoque comunitario y en el desarrollo sostenible.

FIAN hace un llamado por:

  • El fin inmediato de la financiación de las operaciones de las corporaciones de la agroindustria y de las inversiones especulativas de los bancos de desarrollo público.
  • La creación de mecanismos de financiación puramente públicos y responsables que apoyen los esfuerzos de las comunidades por la soberanía alimentaria, la realización del derecho a la alimentación, la protección y recuperación de los ecosistemas y que aborden la emergencia climática.
  • La implementación de mecanismos resistentes y efectivos que den a las comunidades acceso a la justicia en caso de impactos perniciosos sobre sus derechos humanos o en casos de daños sociales o medioambientales ocasionados por las inversiones llevadas a cabo por los PDB.

 

Honduras: Violaciones de derechos humanos – Banco público alemán retira financiamiento

El DEG declara que, por lo tanto, no desembolsará el préstamo acordado anteriormente con esta empresa. El propietario de la Corporación Dinant, Miguel Facussé, había indicado en una entrevista con la prensa nacional en 2010, que el préstamo acordado con la DEG era de 20 millones de USD.

Previamente  a esta decisión, FIAN Internacional había presentado al DEG el “Informe Preliminar de la Misión Internacional” que entre el 25 de febrero y 3 de marzo del 2011 había investigado las violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, en el litoral atlántico de  Honduras. Esta misión se realizó como un esfuerzo conjunto de las redes internacionales APRODEV, CIFCA, FIAN Internacional, FIDH, Rel-UITA y Vía Campesina, contando con el apoyo de las organizaciones nacionales de derechos humanos COFADEH, CDM, CIPRODEH, Comisión de Verdad y FIAN Honduras. El informe preliminar de la misión se había entregado también el 25 de marzo de 2011 en Washington al Relator para Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ante las graves violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, así como las evidencias recogidas sobre el involucramiento de servicios de seguridad privada contratados por las empresas de Miguel Facussé en abusos de derechos humanos , en particular,  en asesinatos de campesinos en el Bajo Aguán, FIAN había solicitado al DEG revisar su relación contractual con estas empresas, especialmente con la Corporación Dinant, y suspender su cooperación financiera con ellas.

FIAN saluda esta decisión importante del  DEG, ya que sigue las recomendaciones emitidas por  la Misión Internacional: “Solicitamos que en el caso particular del Bajo Aguán la cooperación bilateral y los bancos multilaterales revisen todos sus acuerdos de cooperación financiera con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas presuntamente involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.”

Martin Wolpold Bosien, coordinador de FIAN para Centro América, considera que la decisión del  DEG es un paso muy importante: “FIAN da la bienvenida a esta decisión, porque puede tener un efecto positivo para prevenir más violaciones de derechos humanos contra las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, al hacer entender a los actores que generan la represión que tal comportamiento tiene costos financieros”. “También”, sigue Wolpold-Bosien, ”refuerza peticiones similares presentadas a otras agencias de cooperación que siguen financiando las empresas denunciadas, tal como es el caso de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo, y el gobierno británico en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio.“

Ver Campaña de Cartas de Salva la Selva al gobierno británico en http://www.salvalaselva.org/mailalert/694/gobierno-britanico-y-derechos-humanos-comercio-de-carbono-ensangrentado-en-honduras

Ver fotos de Bajo Agúan de Giorgio Trucchi en http://www2.rel-uita.org/galeria/?id=138

Ver el Informe Preliminar de la Misión Internacional: