Acción urgente contra el debilitamiento de los derechos humanos
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, FIAN Internacional alerta sobre la crisis por la que atraviesan los principios y la coherencia de los derechos humanos, cuyo impacto se está extendiendo a los espacios de política sobre el derecho a la alimentación y a la nutrición.
Hace exactamente 68 años, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobaba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este hecho abriría el camino hacia otros instrumentos y espacios de política a nivel regional e internacional para progresar y avanzar en los derechos de las personas. Aunque la incidencia política y el fomento de los derechos humanos siempre han entrañado importantes retos, desde los años 90 se ha convertido en una tarea aún más complicada.
En los últimos años han aparecido nuevas estructuras de gobierno y el sector privado ha ganado un peso importante en los espacios de política, al mismo tiempo que la infrafinanciación pública en derechos humanos se ha convertido en una enfermedad crónica. Esta combinación está llevando al sistema de derechos humanos y a los espacios políticos, como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), a poner en riesgo su integridad y capacidad de acción de acuerdo con su misión fundamental.
La agresiva acumulación por desposesión a nivel global y el consecuente debilitamiento de los derechos humanos se desarrollan en un contexto de creciente xenofobia y de movimientos y partidos de derecha nacionalista, mientras que el populismo anti-sistema, conducido por el miedo, nos dirige hacia una era en la que los derechos de las personas ya no son una prioridad.
El Día Internacional de los Derechos Humanos es el momento perfecto para hacer un llamamiento a los estados a que cumplan con sus obligaciones y a la sociedad para que se movilice y haga suyos los derechos humanos en una lucha por la soberanía.
Crisis actual del sistema de derechos humanos
La ONU y los sistemas regionales de derechos humanos se encuentran bajo una creciente presión. Mientras se pone sobre la mesa la potencial rebaja del presupuesto del Consejo de Derechos Humanos, la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de pasar por su mayor crisis financiera. Los estados tienen la obligación (financiera) de ofrecer un sistema que asegure la protección contra el abuso, las injusticias y la violación de los derechos fundamentales. Debe poder asegurarse su pleno funcionamiento.
Además del síndrome de infrafinanciación crónica, el compromiso de algunos estados con respecto a sus obligaciones de proteger y promover los derechos de los pueblos se está desvaneciendo: algunos países africanos, como Burundi o Sudáfrica, ya han anunciado que abandonarán el Estatuto de Roma establecido por la Corte Penal Internacional. Esta tendencia emergente no es sino una señal de alerta sobre el contexto actual, que ha de ser contraatacada.
Amenaza de los espacios de política sobre el derecho a la alimentación
Esta crisis también se propaga en los espacios de política sobre el derecho a la alimentación y a la nutrición. Muchos países siguen sin tener en cuenta los derechos humanos en sus políticas de alimentación y nutrición. Esto está unido a la persistente insuficiencia de recursos públicos, que conduce a un aumento de la influencia del sector corporativo en los sistemas alimentarios. Ambos problemas, juntos y de manera independiente, no sólo ponen en riesgo la integridad de los espacios públicos de política, también ponen en riesgo su capacidad de actuar en consonancia con su misión y no con otros intereses.
Para garantizar que se traten las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, los grupos que están más afectados deben continuar en el centro de todos los procesos de toma de decisiones y espacios políticos. Ha llegado el momento de tomar el poder de los derechos humanos en la lucha por defender la soberanía de las personas.