COMUNICADOS DE PRENSA

Actuar ya para preservar los derechos humanos y restablecer la democracia en Honduras

Misión internacional sobre derechos humanos a Honduras

Ver el informe de la misión lanzado el 23 de Julio

Comunicado No.1

Tegucigalpa, 19 de julio de 2009 - Es lamentable que la intransigencia del gobierno de facto dificulte la labor de mediación del presidente de Costa Rica Oscar Arias para lograr acuerdos que permitan superar la crisis institucional provocada por el golpe de estado en Honduras. En estas circunstancias, se agrava la ya deteriorada situación de derechos humanos y crece la preocupación por la inestabilidad democrática.

Las organizaciones y redes de derechos humanos que integramos esta misión instamos a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) a adoptar medidas eficaces que aseguren  la protección de los derechos humanos, como premisa urgente y necesaria para restituir el orden constitucional y asegurar  la plena vigencia del Estado de Derecho.
Estas medidas deben estar orientadas a asegurar los derechos fundamentales a la vida, la libertad, la integridad personal, la libre expresión y la libertad de circulación, dado que en el comienzo de esta misión hemos recibido preocupantes y serias denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos de la población y sobre la ausencia de garantías para la labor de las organizaciones que defienden los derechos humanos.
Es urgente cortar todo tipo de cooperación internacional, vinculos comerciales y apoyo financiero con las instituciones golpistas y los sectores economicos que los apoyan. De igual manera, asegurar la aplicación de la resolución de la OEA para preservar la Carta Democrática Interamericana y enviar señales claras de condena a quienes promueven la violencia, con el fin de de evitar una guerra civil. En este marco, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge la aprobación de las solicitudes de medidas cautelares que todavía están pendientes y su pronta visita al país. A su vez, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe actuar de manera urgente en esta dirección y la Corte Penal Internacional debe adoptar las medidas preventivas que sean necesarias. Los Estados miembros de la UE y la delegación de la Comisión Europea en Honduras  deben aplicar sus directrices sobre los defensores de derechos humanos, que actualmente ejercen su legítima labor sin garantías.
La misión reafirma que preservar la democracia, insistir en caminos de diálogo y asegurar los derechos humanos, deben guiar la solución de la crisis. Los golpes de estado y el uso arbitrario de la fuerza ya no tienen cabida en América Latina.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)
FIAN Internacional
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia)
Suedwind-Austria
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador)
Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH)
Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)

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Comunicado No.2

Persiguen nicaragüenses en Honduras
Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras
Comunicado de prensa No.2
Tegucigalpa, 21 de julio del 2009

La Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras expresa su preocupación por la persecución desatada contra la población nicaragüense, en medio de una crisis institucional que no se resuelve con políticas y prácticas xenofóbicas y estigmatizantes.

En las últimas semanas han aumentado significativamente las detenciones de personas extranjeras; en particular, de nicaragüenses que se han visto afectados de manera desproporcionada. Sólo durante esta semana se han registrado allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias de, al menos, veinte nicaragüenses.

Durante los días 20 y 21 de julio, miembros de la Misión constataron las violaciones de derechos humanos que sufrieron los jóvenes Jarlen Manuel Torres Torres, Noe Emilio Avellan Ruiz, Tulio Rafael Bendaña Mejía, Alejandro José García Obregón, Pablo Yase Benoaria, Jorge Danilo Flores, Francisco Israel Connor, Carlos David Bendaña Mejía, Jose Gonzáles, Darwin Antonio Reyes Lazo, Miguel Ángel Aguilar Fernández, Henry Geovany Martínez López, David Jirón. Ellos fueron detenidos arbitrariamente, víctimas de malos tratos. No se les ofreció asistencia consular, ni se les brindó condiciones de detención adecuadas: en algunos casos se les mantuvo detenidos en celdas policiales con otras personas acusadas de la comisión de delitos comunes y no tuvieron acceso a un juez ni a un defensor. Estas acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional Civil.

Las autoridades responsables justifican estas detenciones con la supuesta existencia de amenazas externas al régimen de facto. Hasta el momento, las detenciones no han arrojado evidencia alguna sobre la participación de las más de cien personas afectadas en acciones que comprometan la seguridad nacional. Por el contrario, muchas de ellas son comerciantes o trabajadoras; algunas con vínculos familiares en Honduras.

Numerosos medios de comunicación locales contribuyen con esta práctica y política xenofóbica, otorgando una cobertura sensacionalista de las detenciones de nicaragüenses e invitando a la población a denunciar la presencia de personas de otras nacionalidades no hondureñas en actitudes sospechosas.

Esta Misión exige el cese inmediato de las detenciones arbitrarias en contra de personas de otras nacionalidades, en particular nicaragüenses, y el acatamiento por parte del régimen de facto de las normas constitucionales y el respeto de los compromisos internacionales estatales relativos a la protección contra la discriminación y la xenofobia, los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, y de los derechos y las garantías judiciales que asisten a toda persona privada de libertad.

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Comunicado No.3

Advierten del riesgo de una tragedia en Colón

Misión internacional sobre derechos humanos a Honduras
Comunicado de prensa número tres
Tegucigalpa, 22 de julio de 2009

La Misión Internacional de observación sobre derechos humanos en Honduras ha podido verificar in situ las denuncias presentadas por dirigentes sociales y populares, alcaldes y candidatos electorales, y por los campesinos de la comunidad de Guadalupe Carney, en el Departamento de Colón, respecto a la supresión y vulneración de distintos derechos fundamentales ocurridas como consecuencia del golpe de Estado del pasado día 28 de junio contra el presidente constitucional Manuel Zelaya.

Entre las denuncias verificadas destaca por su gravedad la situación de la Comunidad de Guadalupe Carney, donde residen más de 600 familias aglutinadas en 45 empresas asociativas campesinas. Estas personas viven en una situación de amenaza y acoso por parte de miembros del Ejército y la Fuerza Naval hondureña, así como por fuerzas paramilitares presuntamente al servicio de empresarios, políticos y narcotraficantes de la zona que además son defensores del gobierno golpista hondureño. Distintas fuentes afirman que estas fuerzas están operando conjuntamente con el Ejército e inclusive visten uniforme militar.

Revisten especial gravedad las amenazas vertidas en forma escrita por la Cámara de Comercio e Industria de Trujillo contra la comunidad de Guadalupe Carney. Esta entidad pide expresamente la intervención armada de las fuerzas militares hondureñas contra dicha comunidad señalándola como un bastión de la resistencia contra el golpe de estado y amenaza con llevar a cabo una intervención armada por propia mano, si el ejército no interviniera conforme a su requerimiento.

La comunidad Guadalupe Carney se formó en el año 2000 cuando las familias se instalaron en las antiguas instalaciones del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM). En este lugar los Estados Unidos realizaban el entrenamiento de los ejércitos afines centroamericanos durante la década de los años ochenta.

Adicionalmente, los derechos humanos de los periodistas de la zona también son violentados, en particular el derecho a la libertad de expresión. Así por ejemplo tras recibir la orden expresa del Ejército y la Fuerza Naval de no mencionar en sus programas radiales y/o televisivos términos como "golpe de Estado" ni publicar las versiones informativas del gobierno constitucional, algunos han sido sometidos a permanente acoso, persecución y censura, incluyéndose amenazas telefónicas, cortes de electricidad y de las señales de emisión de sus programas.

Alertamos a la comunidad internacional, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea, de la gravedad de la situación y el peligro que corren los habitantes de la Comunidad de Guadalupe Carney, quienes podrían ser víctimas de una  masacre con incontables pérdidas de vidas humanas.

La Misión Internacional de Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades nacionales y a los órganos internacionales de protección de derechos humanos, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que adopten todas las medidas necesarias para proteger a los y las habitantes de Guadalupe Carney; así como para preservar la vida y la integridad personal de los Alcaldes de los municipios de Trujillo, Tocoa, Bonito Oriental y Sonaguera, de los candidatos a alcaldes y diputados defensores del gobierno constitucional del Presidente Zelaya, de los dirigentes sociales y populares de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), de los miembros de la Federación de las Organizaciones Magisteriales de Honduras, (FOMH), y del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), así como de los periodistas y comunicadores sociales del departamento.

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Comunicado No.4

José David Murillo Sánchez: víctima de la arbitrariedad judicial

Misión internacional sobre derechos humanos a Honduras
Tegucigalpa, 22 de julio de 2009

El día 5 de julio de 2009, fue asesinado en al aeropuerto de Tegucigalpa, el joven Isis Obeth Murillo de 19 años de edad, cuando el Ejército disparó contra los manifestantes que esperaban el retorno del Presidente depuesto, hasta el día de hoy la justicia hondureña no ha logrado identificar la responsabilidad penal de quienes por acción y/u omisión serían responsables de este homicidio.

Sin embargo la justicia hondureña, el 9 de julio del presente mes, procedió a detener al padre de la víctima, José David Murillo Sánchez, luego de que rindiera testimonio ante la Fiscalía de Derechos Humanos por el asesinato de su hijo.

José David, es padre de 12 hijos, es pastor de la iglesia Cristo Misionera de la Colonia Villeda Morales, es miembro del Movimiento Ambientalista de Olancho -MAO- y es defensor de derechos humanos integrante de COFADEH.

José David fue capturado porque en su contra se habría expedido una orden de captura desde el 18 de mayo de 2007, por no haber cumplido adecuadamente las medidas sustitutivas que le impuso el Juzgado de Letras en su oportunidad, en un proceso penal en curso por presunto homicidio en el grado de tentativa. La mision constató que frente a este incumplimiento no se notificó al juez de paz ni se hizo nunca alerta migratoria alguna; Murillo salió del pais en más de una ocasion. con posterioridad a esa fecha. La persecusion penal de Murillo se reanuda con ocasión de la denuncia por la muerte de su hijo,

La misión ha visitado el 21 de julio en Olancho a José David Murillo Sánchez en el Centro Penal de Juticalpa donde ha sido recluido. No se permitió por parte de las autoridades penitenciarias que pudiéramos filmar su testimonio, ni tampoco tomarle una fotografía.

El mismo 21 de julio se celebró la audiencia pública de revisión de la medida de prisión preventiva en la que su abogada reclamaba la comparecencia de su defendido y una medida sustitutiva para que se le pusiera en libertad. Sin embargo el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Olancho, no lo hizo comparecer y, decidió negarle el beneficio de su libertad, al considerar que no se ofrecía garantías para que no se fugara, pese a que presentó un certificado de antecedentes policiales con fecha 17 de julio de 2009 que establece que no se ha registrado que haya cometido delito o falta alguna y, una constancia de ausencia de antecedentes penales de 16 julio de 2009.

La misión tuvo al acceso al expediente y comprobó que en el curso del proceso se han cometido distintas irregularidades procesales que han afectado su derecho a la defensa, su derecho a la presuncion de inocencia y a la libertad personal.

El origen de la acusación penal sería una disputa de familias vecinas que tuvo lugar en el año 2004. La misión tuvo la ocasión de entrevistar a la denunciante quien señala que las diferencias con sus vecinos fue superada y, que son amigos con José David y su familia, hoy detenido por homicidio en el grado de tentativa sin que en el altercado hubiese habido una persona herida.

La misión constata que la decision de la Sala no toma en cuenta la falta de evidencias sobre el peligro de fuga u otro riesgo que justifiquen la privacion de libertad; entre otras el Tribunal pasó por alto que él se presentó voluntariamente al juzgado cuando se enteró de la investigación penal en su contra, que siempre ha guardado el mismo domicilio, que no se ha fugado y, que fue el propio Murillo quien en animo de cooperación con la justicia se acercó a la Fiscalia para brindar testimonio sobre la ejecución extrajudicial de su hijo; todo ello, sumado a la situacion tragica personal que debe enfrentar Murillo y su familia por la muerte de Isis Obeth.

La misión constata que la disfuncionalidad institucional del Estado de Honduras, produce que se sancione a inocentes, mientras garantiza la impunidad para aquellos que han perpetrado graves atentados contra los derechos humanos, el orden constitucional y la legalidad en Honduras.

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Comunicado Número 5

GOBIERNO DE FACTO EN HONDURAS DEBE CESAR LA APLICACIÓN DE TOQUE DE QUEDA ILEGAL
Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras
Tegucigalpa, 25 de julio de 2009

El Decreto No. 011-2009 que establece la restricción de los derechos a las libertades personal, de asociación, de reunión, de libre tránsito y permite las detenciones arbitrarias y la incomunicación por más de veinticuatro horas, es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y urge el cese de su aplicación.

Los anteriores derechos se encuentran contemplados en los artículos 69, 71, 78, y 81 de la Constitución Política de Honduras.

En el mencionado Decreto se estableció que los derechos mencionados serían restringidos de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. en todo el territorio por el término de setenta y dos horas a partir de la aprobación del mismo. El Decreto no establece ningún mecanismo de prórroga y, pese a ello, todavía se continúa aplicando indiscriminadamente.

A la fecha, el mismo no ha sido publicado en el Diario Oficial de la República de Honduras, aunque el artículo 211 de su Constitución Política dispone que la publicidad de las normas constituye un requisito esencial de validez de éstas.

De acuerdo con el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunque se permite la suspensión de algunas garantías en situaciones que amenazan la estabilidad y seguridad estatal, la misma es "un precepto concebido sólo para situaciones excepcionales". Además, al tenor de dicho artículo, tal suspensión sólo se puede dar "en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación" y no debe "ser incompatible con las demás obligaciones que le[s] impone el derecho internacional" a los Estados.

Dado el rompimiento del orden constitucional y la situación de facto que se vive en Honduras, este Decreto resulta ilegal. Además, su fin es absolutamente ilegítimo, irrazonable y contrario a los principios de una sociedad democrática, pues su objetivo es otorgarle al gobierno de facto los medios "legales" para acallar cualquier expresión e impedir reuniones o manifestaciones contrarias a sus intereses.

La restricción o suspensión de derechos está exclusivamente prevista por la Constitución hondureña  en el artículo 187, para los supuestos de invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia u otra calamidad. Ninguno de estos supuestos se aplica a la realidad hondureña; más bien, se pudo comprobar que la restricción de libertades fundamentales tiene -como principal finalidad- evitar que los sectores sociales organizados que se oponen al golpe de Estado puedan ejercer sus derechos de circulación y manifestación pacífica. En la práctica, el Decreto 011-2009 es un instrumento de control y represión.

La Misión internacional comprobó la aplicación arbitraria del citado Decreto. Desde su emisión, cada día el gobierno de facto anuncia los horarios de vigencia mediante cadena nacional en algunos medios de comunicación, los cuales varían según la región de que se trate. Por ejemplo, en el Departamento de Colón el toque de queda se aplica desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente.

Otro ejemplo de la arbitrariedad ocurrió el día viernes 24 de julio, cuando aproximadamente a las 11:30 de la mañana el gobierno de facto anunció que el toque de queda para las zonas fronterizas entre Honduras y Nicaragua, iniciaría a partir de las 12 horas y finalizaría a las 6 de la mañana del día siguiente. El objetivo de los golpistas era impedir las movilizaciones pacíficas de hondureños y hondureñas hacia la frontera de Honduras con Nicaragua. Como consecuencia de este anuncio, sólo en las ciudades de El Paraíso y Danlí detuvieron decenas de personas.

Desde que inició la aplicación del Decreto y según fuentes de la Dirección Nacional de la Policía hondureña, más de mil personas han sido detenidas en todo el territorio nacional "por violar el toque de queda"; aunque son liberadas algunas horas después, es claro que todas estas detenciones son arbitrarias.

Estas limitaciones al libre derecho de circulación, las detenciones arbitrarias y las  amenazas, proferidas por voceros del régimen de facto sobre un posible "baño de sangre" si el Presidente Zelaya  regresa a Honduras, los hace responsables directos de promover la violencia y, además, de la que se pueda desatar al impedir las movilizaciones pacíficas de sus partidarios.

La Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras condena enérgicamente la utilización del Decreto No. 011-2009, como instrumento de control y represión contra las personas que se oponen al golpe de Estado; asimismo, urge a la comunidad internacional tomar todas las acciones necesarias para que el gobierno de facto cese las detenciones arbitrarias y permita a la población hondureña ejercer con efectividad sus derechos fundamentales.

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Comunicado de prensa Número 6

URGE GARANTIZAR EL TRABAJO DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DDHH EN HONDURAS Y LA ASISTENCIA INMEDIATA DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL
Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras
Tegucigalpa, 27 de julio de 2009

Desde el pasado viernes 24 de julio se vive una tensa situación en Las Manos, frontera entre Honduras y Nicaragua, como consecuencia de graves violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y la Policía hondureña en un intento por evitar la llegada masiva de personas que exigen el retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya. Además, las autoridades del gobierno de facto de Honduras obstaculizan e impiden la labor de defensores y defensoras de derechos humanos.

El 24 de julio, miles de personas intentaron llegar a Las Manos y el gobierno de facto movilizó fuerzas militares y policiales a la zona, instalando alrededor de dieciocho retenes para amedrentar a los simpatizantes del presidente Zelaya.

Cabe destacar que durante el toque de queda establecido entre las doce del medio día del día 24 de julio, vigente todo el fin de semana, se detuvo a cientos de personas. Aunque fueron liberadas horas más tarde, son arbitrarias.

Por otra parte, organizaciones de derechos humanos locales reportan que al menos aproximadamente dos mil personas están atrapadas entre retenes militares sin poder movilizarse y sin alimentos, medicamentos y servicios básicos mínimos.

Debido a este panorama defensores y defensoras de derechos humanos de diversas organizaciones reconocidas en Honduras como el Comité de Familiares Detenidos- Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro para la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación de victimas de tortura y sus familiares (CPTRT), y de la Misión Internacional sobre Derechos Humanos en Honduras intentaron, sin éxito, llegar a la zona y los centros de detención para verificar los motivos de la privación de libertad y las condiciones en las que se encontraban dichas personas, así como para procurar su liberación; también para entregarles alimentos y otra ayuda humanitaria a las personas atrapadas en los retenes. Sin embargo. el Ejército impidió esa legítima labor. En tal sentido, se requiere la intervención inmediata de la Cruz Roja Internacional para brindar la ayuda humanitaria a las personas que se encuentran en las zonas afectadas.

La Misión Internacional de Derechos Humanos en Honduras tuvo información adicional sobre personas detenidas en la zona de El Paraíso y la presentación de recursos de habeas corpus por parte de organizaciones de derechos humanos, que no fueron tramitadas con la celeridad que se requiere en estos casos. El funcionario judicial se presentó a las postas policiales, cuando las personas habían sido liberadas por la propia población. Una vez más, se configura la falta de garantías para el acceso a la justicia por parte del gobierno de facto y las instituciones que actúan de manera parcial, lenta y poco efectiva.

En esas circunstancias, es vital la labor de las organizaciones de derechos humanos hondureñas, para las cuales demandamos garantías y respeto por parte del gobierno de facto. Tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Las Américas, del año 2006, "el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos es una acción legítima y que, al ejercer estas acciones, las defensoras y defensores no están contra las instituciones del Estado sino que, por el contrario, propenden al fortalecimiento del Estado de Derecho y por la ampliación de los derechos y garantías de todas las personas".

Las acciones del ejército y la policía los días 24, 25 y 26 de julio, y la tensión que provoca la militarización extrema de la frontera, obstaculizan la defensa de los derechos humanos en Honduras y violentan los principios establecidos en la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, así como las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe antes referido.

Finalmente, señalamos que las acciones del gobierno de facto dirigidas a perseguir a las personas que apoyan al presidente Zelaya son constitutivas del crimen de persecución política, el cual compete conocerlo a la Corte Penal Internacional, por lo que hacemos un llamado vehemente al fiscal general de dicho órgano para que tome las medidas que estime convenientes para prevenir mayores violaciones de derechos humanos en Honduras.

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HONDURAS ¡BRUTAL REPRESION!

30 de julio.

Hoy, el Frente Nacional de Resistencia al Golpe de Estado, llamo a manifestaciones pacificas en diferentes sitios del país. En Tegucigalpa y Comayagua la policía se ensaño con los manifestantes.

En la ciudad de Tegucigalpa, unos 3,000 manifestantes marcharon desde la salida de Tegucigalpa hacia el sector norte del país, hasta la aldea de El Durazno, sitio donde existe una posta policial para control de tráfico. En este lugar, a la 1:00 p.m. se hizo presente una fuerza policial acompañada de un helicóptero, que con una sirena hizo la señal de inicio de la represión y ataco a los manifestantes con bombas lacrimógenas. De inmediato intervinieron los policías, tolete en mano y disparos de sus armas de reglamento, contra la población desarmada.

Los/as manifestantes se dispersaron corriendo hacia la ciudad perseguidos por la policía, pero fueron emboscados/as en el Barrio La Laguna de Comayagüela, justo frente a la Clínica Periférica del Seguro Social en ese sector, donde continuaron furiosamente golpeándoles. Al grupo que logro huir de este sitio les acorralaron en el Mercado de Mayoreo del Barrio Belén, continuando la represión que ha enardecido a la mayoría del pueblo hondureño que vieron imágenes en vivo por Canal 36 y siguieron las transmisiones sobre el hecho a través de Radio Globo.

De la acción represiva quedaron un número indeterminado de personas heridas y con efectos secundarios de las bombas lacrimógenas. 99 personas fueron detenidas, entre ellas el reconocido dirigente del Bloque Popular Juan Barahona. A la altura de las 5:00 p.m. acciones legales del CODEH, COFADEH y CIPRODEH lograron la liberación de los/as detenidos/as.

Entre las personas heridas hospitalizadas se encuentra el dirigente del Bloque Popular y Candidato Presidencial Independiente Carlos H. Reyes, quien sufrió golpes en su cabeza y tiene fracturada su mano derecha. Recibe atención en el hospital del Seguro Social.

También fue golpeado Rafael Alegría, de Vía Campesina, y el abogado José Luis Vaquedano, aunque no requirieron de hospitalización.

El Seguro Social ha reportado el ingreso de 7 personas heridas y muchas más fueron trasladadas al hospital Escuela de Tegucigalpa.

Se teme por a vida del Profesor  Roger Abraham Vallejo Soriano, afiliado al Colegio de Profesores de Educación Media (COPEMH) y que labora en el Instituto San Martín, de esta capital. El profesor Vallejo Soriano recibió un disparo en su cabeza que le tiene entre la vida y la muerte.

Muchas denuncias han surgido alrededor de esta acción represiva. Existe coincidencia en señalar que la policía se ensaña especialmente contra las mujeres, a quienes les ponían entre sus piernas los toletes con los que les golpeaban en amenazas evidentes de violación para intimidarlas.

Testigos presenciales aseguran haber escuchado los gritos de la policía diciendo que ya no permitirán mas manifestaciones, que ahora tienen orden de cero tolerancia con la resistencia al golpe de estado. También relatan que escucharon las ordenes de los oficiales exigiendo a sus subordinados que dispararan a las rodillas de los/as manifestantes para dejarles inmovilizados/as y no volvieran a las marchas por la restitución del orden constitucional.

 Entre los golpeados por la policía destacamos el testimonio de Ventura Hernández, técnico agrícola de Acción Solidaridad, organización miembro de la Coalición Hondureña de Acción Ciudadana (CHAAC) que este día llego a Tegucigalpa y fue bajado del autobús en que se conducía justamente en la aldea de El Durazno.

Al momento de que la policía le baja del autobús, inician los ataques con bombas lacrimógenas, por lo que el compañero Hernández se suma a la gente que huía del lugar, y junto a otras personas se refugian en una venta de refrescos a 1 kilómetro del sitio de la represión. Hasta allí llegaron 5 policías que de inmediato comenzaron a golpearlo con sus toletes (o garrotes), rompiéndole sus ropas, despojándole de una mochila con sus pertenencias personales, incluyendo una cámara digital y documentos propios de su trabajo agrícola. Ventura Hernández logro huir de nuevo y esconderse en unos matorrales y esperar a que se marchara la policía para poder pedir auxilio y solicitar el apoyo de sus compañeros de trabajo que han presentado las denuncias respectivas ante la fiscalía y organizaciones de derechos humanos.

Acción Solidaridad y CHAAC denuncian y condenan este atropello contra el compañero Ventura Hernández y contra todos/as las personas que pacíficamente se han manifestado este y lo días anteriores contra el golpe de estado.

También Red Comal, miembro de CHAAC, ha denunciado la represión que sufrió la manifestación contra el golpe de estado que se efectuó este día en el sitio conocido como "Cuesta de la Virgen" en la carretera que de Comayagua conduce a Siguatepeque, siempre en la ruta Tegucigalpa - San Pedro Sula.

En este lugar, tropas del ejército arremetieron violentamente contra los/as manifestantes. Testigos aseguran la detención de más de 30 personas, entre ellas Carmen López, Ileana Rodríguez  Emilia Sánchez, Nancy Karina Estrada, Irma Yaneth Castro. Carmen López e Ileana Rodríguez son  dirigentes de Red Comal.

De esta acción represiva quedaron varias personas heridas.

Las personas detenidas fueron trasladadas a postas policiales de Comayagua. A las 8:00 pm, continúan detenidas.

Desde la ciudad de La Ceiba hemos recibido denuncias de que 8 fiscales acompañados de policías, irrumpieron en la Dirección Departamental de Educación, en un allanamiento buscando la nomina de maestros/as de ese distrito para proceder a deducirles responsabilidades penales por la huelga que mantiene el gremio magisterial contra el golpe de estado.

El llamado del Frente Nacional de Resistencia para continuar las acciones pacificas de protesta ha sido atendido a lo largo y ancho del país. Tenemos información de multitudinaria manifestación en la ciudad de Choluteca, donde se unieron maestros, campesinos, obreros y estudiantes en una sola marcha.

También en San Pedro Sula la manifestación fue muy concurrida.

Otras manifestaciones se desarrollaron en La Ceibita y la Colonia Campesina "6 de mayo" departamento de Santa Bárbara, donde se ha interrumpido el tráfico de autobuses, vehículos particulares y furgones que viajan a las fronteras con Guatemala y El Salvador. Noticias no confirmadas hablan de actos de represión en estos lugares.

El puente Blanco en la comunidad El Kilómetro, Choloma, Cortes, permaneció tomado por manifestantes durante varias horas de este día, así como la carretera de Tocoa a Trujillo, a la altura de Silin en el departamento de Colon.

Marchas de protesta continuaron en El Progreso, Yoro y en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios (La Mosquitia)

A pesar de la represión, el Frente Nacional de Resistencia, continuara mañana viernes 31 de julio, sus acciones de protesta pacífica.

Entre las noticias destacadas de las ultimas horas, sobresale las pruebas de financiamiento de las marchas "blancas" a favor del golpe, por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) presentadas por Cholusat Sur (Canal 36).

El COHEP solicito a sus agremiados/as aportes economicos para estas actividades. Entre los miembros del COHEP se cuenta a la Camara Hondureña de la Industrioa de la Construccion (CHICO) que a su vez pidio a sus afiliados una contribucion obligatoria de Lps 7,500.00 para apoyar al COHEP. Sin embargo, una de las afiliadas a CHICO, la Empresa Constructura SATO, se nego a dar ese aporte aduciendo que han confirmado que el COHEP invierte esa contribucion en financiar las marchas a favor del golpe, y que por tratarse de una actividad politica no estan obligados a contribuir. Canal 36 presento a los televidentes la carta que envioi CHICO a sus agremiados asi como copias de los recibos provisionales qeu acompañaban la solicitud de contribuciones. Por la respuesta de SATO se comprueba que la CHICO pensaba recaudar 1.5 millones de Lempiras para financiar las actividades publicas a favor del golpe de estado.

El toque de queda continua por esta noche y m,añana viernes 31 de Julio  en el departamento de El Paraiso y las zonas fronterizas de Choluteca. En vez de aminorarse, en la cadena de radio y television. de este dia, se agrego a la zona de implementacion el municipio de El Triunfo, Choluteca, cercano a la aduana de El Guasaule en la frontera con Nicaragua. A las 9:00 pm se espera una nueva cadena de radio y television, que como ha pasado desde hace una semana, solo sera para anunciar la prolongacion del toque de queda en las zonas fronterizas.

El la ciudad de El Paraiso, solo han quedado unas 800 personas acompañando  la familia del Presidente Zelaya que insisten en llegar hasta Las Manos. La mayoria de manifestandtes que desde el jueves 23 de Julio llegaron a ese lugar, poco a poco han regresado a sus lugares de origen. Muchos/as atrapados por el ejercito fueron obligados a regresar, otros/as huyeron a las montañas aledañas, al menos 1,300 lograron cruzar la frontera por diferentes sitios y hoy se consideran refugiados/as en Nicaragua donde organizaciones solidarias tratan de garantizarles alimentacion y cobijo. Existen denuncias de asesinatos y desapariciones de personas en las montañas cercanas a la frontera.

Hoy se supo que existen ordenes de captura contra diputados liberales desidentes en el departamento de El Paraiso y contra el alcalde municipal de la ciudad del mismo nombre.

Ha causado estupor entre las elites empresariales de Honduras, la carta que NIKE, ADIDAS y GAP, envio al Presidente de USA Barak Obama, donde le solicitan hacer los mejores esfuerzos porque se cumplan las disposiciones de la OEA y la ONU por la restitucion del Presidente Zelaya. El Presidente de la Camara de Maquiladores, Jesus Canahuati,, en comparecencia ante los medios, trato de desmeritar la accion de estas empresas transnacionales que por primera vez se manifiestan ante una situacion politica como la de Honduras.

Este dia, el Presidente Zelaya se reunio en Managua con el Embajador en Honduras de los Estados Unidos, Hugo Llorens y dos enviados del Departamento de Estado de esa nacion Norteamericana. Se desconoce lo abordado en esa reunion, pero a su salida del local del encuentro, el Embajador Lloren reitero que el gobierno de su país sólo reconocerá como legítimo presidente  a Manuel Zelaya, al tiempo que expresó su interés en que se restituya el orden Constitucional en Honduras

También, el influyente diario norteamericano, el New York Times, en un artículo firmado por la periodista  Ginger Thompson, asegura que el presidente de facto Roberto Micheletti, ha expresado su apoyo a un compromiso que permitiría a Manuel Zelaya retornar al ejecutivo,.

Según este articulo, la disponibilidad de Micheletti se ve obstaculizada por la presión de sectores empresariales y políticos del país que se oponen a la restitución presidencial, por lo que ha pedido al mediador Oscar Arias que nombre una comisión para establecer un dialogo nacional en Honduras sobre este tema.

La veracidad de este artículo toma fuerza después de que la noche de ayer, el vocero del gobierno de facto, anuncio a la prensa, sin permitir preguntas de los medios, que se estaba solicitando al presidente de Costa Rica una comisión que acompañe un supuesto dialogo nacional.
La periodista del New York Times, asegura que Micheletti, propondría como mediador en ese dialogo con sectores empresariales y políticos, a Enrique V. Iglesias, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Aparentemente las fuentes consultadas por esta nota fueron funcionarios de alto nivel en el gobierno de facto y diplomáticos de la región centroamericana.
La versión en ingles del artículo del New York Times, puede verse en:
http://www.nytimes.com/2009/07/30/world/americas/30honduras.html?_r=1&ref=world

Jesus Garza
CHAAC