La Caravana Matopiba insta a las autoridades brasileñas a tomar acción, alerta a los inversores
Al mismo tiempo en el que se revelan las terribles condiciones de vida de las comunidades afectadas, la delegación señala la implicación del capital internacional de Europa, Canadá y Estados Unidos en la adquisición de tierras a gran escala.
Los entresijos detrás del acaparamiento de tierras
Durante los doce días que duró la misión investigadora en el sur del estado de Piauí, la delegación fue testigo de la grave violencia estructural ejercida contra las comunidades cuyas tierras han sido expropiadas por los ‘grileiros’. La segunda forma de abuso es la ejercida por el catastro agrario que falsifica los títulos y vende las recién adquiridas tierras a las compañías agroindustriales de la zona. Como resultado, los campesinos sufren amenazas, la destrucción de sus hogares, la pérdida de sus medios de vida, contaminación por parte de los pesticidas, problemas de salud y la disminución de los recursos de agua, así como la perspectiva de tomar acciones legales.
En todas las diferentes comunidades que la delegación ha visitado, ha denunciado una lamentable ausencia del estado. Los y las habitantes, por norma general, no cuentan con servicios públicos como escuelas, electricidad, infraestructuras y centros de salud y son discriminados por la policía, que fracasa en su deber de protegerlos. Tal y como ha recalcado el miembro de la delegación Altamiran Ribeiro (CPT-Piauí), la intervención del estado es fundamental para la supervivencia de estas comunidades: “O ayudamos a estas comunidades o están sentenciadas a muerte”.
Durante las audiencias, la delegación detalló estas observaciones y presentó datos adicionales. Aunque la mayoría de los funcionarios con los que el equipo se encontró no prevén tomar medidas, los defensores públicos han expresado un gran interés por investigar el caso y tienen la intención de llevar a cabo una audiencia pública en la comunidad de Santa Filomena en noviembre. Por su parte, las compañías involucradas rechazaron la invitación para responder.
Fondos de pensiones: actores clave
La Caravana Matopiba también hizo referencia al controvertido papel del capital internacional en las adquisiciones de tierra a gran escala. Desde la crisis financiera de 2008, la agroindustria y la tierra se han percibido, en comparación, como sectores seguros para la inversión. Los fondos de pensiones son actores importantes en este campo al estar obligados por la ley a aumentar su capital para garantizar el futuro de los pagos de pensiones. Actualmente, los fondos de pensiones invierten cerca de 32 billones de dólares americanos en el mundo, entre los que se encuentra la región visitada por la misión investigadora.
Las previas investigaciones llevadas a cabo muestran que la TIAA-CREF, como fondo de pensiones norteamericano con un capital de aproximadamente 1 billón de dólares, opera en la región de Matopiba a través de la compañía sustituta Radar. Bajo la apariencia de una estructura compleja, la compañía elude la legislación brasileña que prohíbe la inversión extranjera a una cierta escala.
TIAA-CREF recibe inversiones de fondos de pensiones en Canadá, Alemania, Holanda y Suecia, entre otros países. Los gobiernos nacionales únicamente controlan el riesgo financiero de las inversiones, pero ignoran el potencial coste humano, aún si son los responsables de la protección de los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras.
Siguientes pasos
La delegación continuará a lo largo de los próximos meses a investigar y presentar la problemática naturaleza de estas inversiones. Con este fin, el próximo año se llevará a cabo en Europa una misión investigadora de seguimiento. El objetivo será poner luz sobre la implicación de las inversiones europeas en las adquisiciones a gran escala en la región de Matopiba, así como sobre la interacción de los estados europeos en el asunto. Está completamente claro que los fondos de pensiones han de frenar sus inversiones en la región y que los estados deben regular los fondos que están establecidos dentro de sus fronteras
El estado brasileño es el responsable en última instancia de poner fin a una práctica que se produce en todo el país. En este sentido, la delegación considera la posibilidad de solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la toma de medidas de precaución.
El informe final de la misión investigadora se publicará a finales de 2017.
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Para consultas relacionadas con los medios, por favor, contacta con delrey[at]fian.org
NOTA A LOS/AS EDITORES/AS:
La misión investigadora, organizada por FIAN Internacional, la Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, FIAN Brazil y la Comissão Pastoral da Terra (CPT) Piauí cuenta con la participación de: Action Aid International and Brazil, Aidenvironment, Cáritas Regional do Piauí, CPT Nacional, Escola de Formação Paulo de Tarso (EFPT – PI, Federação dos Agricultores Familiares (FAF); Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura (FETAG-PI), GRAIN; HEKS/EPER International Institute of Social Studies, La Via Campesina International y CLOC- La Via Campesina Brasil, Maryknoll, Paróquia de Santa Filomena, Instituto Comradio do Brasil, Obra Kolping Piauí, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Filomena, Vara e Procuradoria Agrária – PI PROGEIA (Santa Filomena), así como las secciones de FIAN Internacional Alemania, Holanda y Suecia.