CASOS

Las Filipinas – San Vicente, Bondoc - Arrendatarios sin tierra sufren hostigamiento y hambre

San Vicente es una aldea situada en San Narciso, una de las municipalidades de la Península de Bondoc. La gran mayoría de San Vicente está en manos o fuertemente controlada por la familia Uy, a la que también pertenece el ex alcalde de San Narciso, Juanito Uy. Su influencia política le permitió excluir estas tierras del programa nacional de reforma agraria (CARP) hasta mediados de 1996, cuando varios arrendatarios de los Uy comenzaron a pedir la distribución de las tierras. Inmediatamente después los arrendatarios fueron víctimas de hostigamientos sistemáticos por parte de los hombres armados que trabajaban para la familia Uy. Se dice que la guerrilla NPA también está amenazando y hostigando a los campesinos, presuntamente para impedir actividades a favor de la aplicación del CARP en la zona. Los arrendatarios fueron amenazados personalmente, sus casas fueron quemadas y sus cosechas confiscadas a la fuerza. Se ha informado de la muerte de cuatro líderes campesinos locales desde 1998. Debido a los insostenibles hostigamientos y a las verosímiles amenazas de muerte, algunas familias tuvieron que huir de sus hogares. En otros casos, fueron los hombres armados los que expulsaron a la fuerza a las familias o las privaron del acceso a sus tierras. Actualmente, 7 familias siguen sin acceso a su tierra y unas 200 familias están bajo amenaza constante de los matones y del NPA. Debido a las condiciones impuestas por el programa de aparcería y dado que el terrateniente compra las cosechas de los arrendatarios a precios muy inferiores a los del mercado, actualmente todos los arrendatarios de la familia Uy sufren una grave pobreza y hambre.

Se llamó la atención sobre el caso a FIAN en 2003 y, desde entonces, FIAN ha lanzado varias acciones urgentes (campañas de cartas) y ha enviado en dos ocasiones a un grupo encargado de investigar el caso in situ. A pesar de estos esfuerzos, el caso sigue actualmente pendiente de resolución y no se ha concedido ninguna de las peticiones realizadas al Departamento de Reforma Agraria. Sin embargo, hay esfuerzos por parte del terrateniente y del Gobierno de Filipinas para bloquear la conversión.

Al no garantizar pasos sinceros, transparentes e inmediatos encaminados a proteger a los arrendatarios de los Uy frente a los hostigamientos y al no proporcionarles tierras según el CARP, el Gobierno de las Filipinas ha violado el derecho a alimentarse de estos arrendatarios. Filipinas debe acelerar la implementación del CARP en el área y proporcionar seguridad a los campesinos y a sus posesiones frente a los hombres armados y a la NPA, a fin de garantizar su capacidad de alimentarse adecuadamente.