ACCIONES URGENTES

Guatemala: Balean a lideresa comunitaria - Deben suspenderse las actividades de la Mina Marlin

Guatemala, 15 de julio de 2010. El pasado 7 de julio, dos hombres desconocidos balearon la señora Diodora Antonia Hernández Cinto, lideresa comunitaria del movimiento opuesto a la mina Marlin, en su casa. El pasado el 20 de mayo del 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dictado medidas cautelares en favor de la vida e integridad personal de miembros de las comunidades, ordenando la suspensión de las actividades en la Mina Marlin, que pertenece a la empresa canadiense Goldcorp Inc. El 23 de junio, el gobierno de Guatemala declaró el 23 de junio del 2010 que va acatar las medidas dictadas por la CIDH. Sin embargo, sigue la violencia contra las comunidades. La empresa ha declarado que no va a ceder. Han pasado varias semanas, y aún hace falta que el gobierno implemente lo prometido.

Propuesta de acción:
Para investigar el crimen y acatar las medidas dictadas por la CIDH e imponer la suspensión de la actividad minera en el proyecto Marlin, es urgente enviar una carta al Presidente de Guatemala, con copia a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresando su preocupación y solicitando la pronta aplicación de la medida cautelar, para así proteger los derechos a la vida, a la alimentación y al agua de las comunidades indígenas afectadas.

Contexto

El 7 de julio, a las 7:30 pm, dos hombres desconocidos entraron a la casa de Diodora  Hernández en el caserío San José Nueva Esperanza, de la aldea Maquivil, San Miguel Ixtahuacán, y la balearon en el ojo derecho, provocando mucha pérdida de sangre. Después de su traslado y cirugía en el hospital el 11 de julio, ella se encuentra estable aunque no se conocen todavía las consecuencias del tiro.
El 20 de Mayo 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 18 comunidades Maya-Mam que entregaron una denuncia a dicha comisión en el año 2007. Esas comunidades denunciaron que la actividad minera de la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de la compañía canadiense, Goldcorp Inc en la Mina Marlin está causando violaciones a los derechos humanos en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa en el departamento de San Marcos. La CIDH ordenó al Estado guatemalteco tomar cinco medidas cautelares para proteger a la población local hasta que se investigue el fondo de la petición de las 18 comunidades. Además de la suspensión de la minería, también la CIDH solicitó descontaminar las fuentes de agua, atender los problemas de salud, adoptar medidas para garantizar la vida, y tomar medidas de protección para las defensoras y defensores comunitarios.
El Estado de Guatemala ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los pueblos indígenas, por lo tanto ha reconocido que cualquier proyecto que afecte la vida y el territorio de comunidades indígenas debe contar con el consentimiento libre e informado de las mismas. Sin embargo, el Estado de Guatemala no ha reconocido las consultas comunitarias realizadas hasta el momento en Guatemala que revelan el rechazo casi unánime de la población indígena a los proyectos de minería a cielo abierto. En consulta comunitaria del 18 de junio de 2005, el 97 por ciento del pueblo de Sipakapa rechazó el proyecto Marlin. En 2010, el Relator especial para Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, y el Comité de Expertos de la OIT expresaron que el gobierno había concedido la licencia para la mina Marlin sin el consentimiento libre e informado de las comunidades indígenas afectadas.
En el caso del proyecto Marlin, hay indicios fuertes que demuestran el impacto negativo en el goce del derecho al agua, a la alimentación y a la salud que se produce en primer lugar por la contaminación del agua utilizada por las comunidades, así como por el uso excesivo de agua de la minera (45,000 litros por hora según datos proporcionados por la empresa). Estudios de monitoreo de la Comisión Paz y Ecología de la diócesis de San Marcos indican que el agua de los ríos es contaminado con metales pesados. Un estudio recién publicado por la Universidad de Michigan indica que en las muestras de sangre y orina tomadas a un grupo de habitantes de las áreas más cercanas a la Mina Marlin, se encontraron metales tóxicos, poniendo en peligro la salud de los habitantes y el medio ambiente.
El proyecto Marlin ha sido acompañado por una creciente conflictividad social y violencia. Desde entonces, se han constatado múltiples ataques e intimidaciones contra defensores/as de derechos humanos, representantes de las comunidades, investigadores y personas ligadas a la iglesia quienes se han expresado en contra del proyecto Marlin. Actualmente existen procesos abiertos en contra de 8 mujeres y 5 hombres, considerados como medidas de criminalización de la protesta social contra la mina por organismos internacionales de derechos humanos.

Mandato de FIAN

Guatemala es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y del Convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el marco del proyecto Marlin, actos violentos, los ataques e intimidaciones contra personas opuestas han sido cometidos. El impacto negativo en el goce del derecho al agua, a la alimentación y al salud se produce en primer lugar por la contaminación de agua utilizado por las comunidades, el uso excesivo de agua lo que conlleva una escasez de agua para las comunidades. La violación de los derechos de los pueblos indígenas se basa en la falta de respeto al rechazo contundente de la población indígena en contra de la mina y la falta total de cumplir con el principio del consentimiento libre e informado de las comunidades en relación al proyecto.