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Paraguay - Attack against institution for indigenous rights

Fernando Lugo Méndez
Presidente de la República del Paraguay
El Paraguayo Independiente e/ Ayolas y J. E. O'Leary, Palacio de López
Asunción, Paraguay
FAX (595 21) 41 40 201

Estimado Sr. Lugo:

FIAN Internacional es una Organización Internacional de Derechos Humanos, que trabaja por la realización del Derecho a la Alimentación y los derechos correlativos. FIAN tiene su Secretariado Internacional en Heidelberg Alemania y secciones y coordinaciones nacionales en 20 países alrededor del mundo. Nuestra organización cuenta con estatus consultivo ante Las Naciones Unidas.

En este ocasión nos dirigimos a Ud. para expresar nuestra profunda preocupación por los graves hechos ocurridos recientemente en el Paraguay.

En fecha 1° de diciembre una comitiva liderada por el fiscal JOSÉ LUIS BRUSQUETTI irrumpió en el local de trabajo de la organización no gubernamental INICIATIVA AMOTOCODIE (IA), en Filadelfia, Chaco. Esta institución trabaja en la defensa de los derechos de las y los indígenas ayoreos que viven en situación de aislamiento voluntario en el norte del Chaco paraguayo. En la ocasión los agentes públicos intervinientes rompieron ventanas y sustrajeron del local computadoras que contienen datos de suma importancia y cuidado que hacen a la seguridad de pueblos indígenas. Además de estos vejámenes,  las cuentas bancarias de la organización fueron congeladas. La desproporción e ilegalidad de estas conductas lesivas es agravada por la falta de fundamentos fácticos serios para ordenar y ejecutar un acto de esta gravedad contra la mencionada organización de derechos humanos por parte de la fiscalía y del Juez Penal de Garantías de Filadelfia, VICTOR HUGO RONZEWSKI MAZIUK. La criminalización a la que viene siendo sometida la dirigencia de IA denotaría más bien la subordinación del Poder Judicial y la Fiscalía a los poderes económicos de la zona.

Desde hace algunos meses es pública la campaña de desprestigio y hostigamiento contra INICIATIVA AMOTOCODIE por parte de numerosos actores vinculados a intereses ganaderos y  latifundistas de la región, conjuntamente con medios de comunicación comerciales hegemónicos. El atentado sufrido por la institución de manos del propio poder público se presenta como el corolario de un proceso ilegítimo de debilitamiento de una de las escasísimas organizaciones que promueve y defiende los derechos de poblaciones indígenas en la zona, en particular, de los grupos de ayoreos que aún viven en situación de aislamiento, los cuales requieren de una protección especial, conforme lo han señalado las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

El hecho señalado compromete la responsabilidad del Estado paraguayo y adquiere mayor gravedad al producirse en un contexto de sucesivos ataques contra el movimiento de derechos humanos, tanto por parte de altos funcionarios del actual gobierno como por cierto sector de la prensa empresarial, los cuales se han empeñado en crear una opinión pública contraria a la labor de los defensores y defensoras, particularmente en los últimos dos  años.

Las expectativas de cambio que la ciudadanía paraguaya expresó en el año 2008 se vinculan con la necesidad de transformar el histórico rol represivo y corporativo del Estado, en un Estado que garantice la vigencia plena de los derechos humanos para todas las personas y que promueva la democratización de las tierras, los recursos productivos y las relaciones sociales en el Paraguay. Esta necesidad ya ha sido señalada en sucesivas ocasiones por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Sin embargo, se observan en la actualidad preocupantes hechos y tendencias lesivas de derechos fundamentales que deben ser revertidas, en especial, contra las comunidades indígenas y campesinas, contra sus organizaciones, y  contra las organizaciones que defienden sus derechos.

Por lo expuesto, exhortamos al Gobierno de la República del Paraguay a adoptar todas las acciones necesarias para que los responsables de estos graves hechos sean procesados, destituidos y sancionados; cese  la ilegal criminalización a INICIATIVA AMOTOCODIE y se reparen los daños que se le han producido. A su vez, es urgente que el Gobierno paraguayo revise su política general en materia de derechos humanos, convocando a las organizaciones de la sociedad civil a un diálogo con miras a realizar los cambios institucionales necesarios para brindar garantías efectivas de que atentados de esta naturaleza no volverán a repetirse.

Le agradecemos de antemano mantenernos informados sobre las medidas adoptadas en relación con esta comunicación,

Atentamente,

Flavio Luiz Schieck Valente
Secretario General

CC:
- James Anaya, Relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas.
- Margaret Sekaggya: Relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos.
- Dina Shelton: Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Anexo: Comunicado de organizaciones sociales del Paraguay denunciando el atropello a Iniciativa Amotocodie.