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Ecuador - leaders of peasant organizations detained

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Dr. José Serrano Salgado
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Quito - Ecuador

Heidelberg/Alemania, 5 de Julio de 2010

Ref.: Detención arbitraria de varios dirigentes campesinos e indígenas, entro ellos del Presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay (FAO) Carlos Pérez Guartambel 

Reciba un cordial saludo de FIAN Internacional, organización no gubernamental de Derechos Humanos que trabaja a nivel internacional para la implementación del Derecho Humano a la Alimentación, con estatus consultivo ante las Naciones Unidas.

Con preocupación hemos conocido los incidentes ocurridos en la vía Cuenca-Loja, en la provincia del Azuay, en el sector conocido como “la Y de Tarqui”, el día martes 4 de mayo pasado, luego de la fuerte represión policial contra indígenas y comuneros del sector, que protestaban en dicha vía por varios puntos críticos de la Ley de Recursos Hídricos que entraba en segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional.

Durante dichos incidentes fueron detenidos de forma violenta y arbitraria los dirigentes CARLOS PÉREZ GUARTAMBEL, FEDERICO GUZMÁN, EFRAÍN ARPI, PABLO QUEZADA E ISAAC LOJANO acusados por la Agente Fiscal de lo Penal del Azuay, Patricia Inga, de los graves delitos de terrorismo, sedición y sabotaje tipificados en el artículo 158 del Código Penal de Ecuador, y que establecen de 8 a 12 años de prisión. Además conocemos que mujeres y ancianos sufrieron de golpes, arrastres y torturas por apoyar estas protestas. Aunque las mencionadas personas ya han sido puestas en libertad por el señor Presidente de la Corte Provincial de Cuenca al resolver un recurso de amparo de libertad, el proceso judicial en contra de estas personas por cargos de terrorismo, sedición y sabotaje continúa. Según nuestra información, el pasado 27 de mayo la fiscalía ha vuelto a insistir en la prisión preventiva de estos dirigentes, quienes ahora tienen prohibido salir del país y reunirse en asamblea; y están obligados a comparecer todos los días lunes ante la fiscalía.

Conocemos que estas acciones de protesta no son nuevas y responden al desacuerdo de las comunidades frente al propósito gubernamental de iniciar la explotación minera a cielo abierto dentro del humedal de Quimsacocha, fuente de abastecimiento de agua tanto para la población campesina como urbana de la zona. Sabemos que la reacción de las autoridades ecuatorianas a las acciones de protesta de la población, en especial al rechazo de la Ley Minera que entró en vigencia en enero de 2009, ya han incluido agresiones a la población por parte de la fuerza pública y el inicio de juicios penales y detenciones contra dirigentes indígenas y campesinos.

Señor Ministro, las protestas se dieron en torno a la falta de atención de la Asamblea Nacional a la propuesta presentada por las organizaciones sociales, respecto al proyecto de ley de Recursos Hídricos, ya que no considera las propuestas de dichas organizaciones frente a los nudos críticos referentes a una autoridad única del agua, a la redistribución de los caudales y el manejo del riego, a la fijación de tarifas, al uso productivo del agua, al manejo de las concesiones y a la prohibición de la extracción minera en los yacimientos de agua, entre otros. 

Subrayamos que  el ejercicio de derechos constitucionales, como el derecho a la libertad de las personas, consagrado en el capítulo sexto y el derecho a la resistencia de personas y comunidades descrito en el artículo 98, así como el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria reconocido en el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución, no debe ser perseguido con procesos penales de sabotaje y terrorismo, tipos penales que evidentemente tienen como finalidad perseguir y sancionar a actores violentos que causan daños en la sociedad. Si bien es indiscutible el hecho de que el Estado debe tomar medidas para garantizar el orden público, estas acciones deben conjugar este objetivo con el respeto escrupuloso de las normas constitucionales e internacionales que definen los Derechos Humanos.

Cabe recordar que la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2008 emitió amnistía general a diversos dirigentes sociales que han sido perseguidos en otros gobiernos nacionales por los mismos cargos que hoy el gobierno deRafael Correa enjuicia a las personas arriba mencionadas. Además, las sanciones por “delitos de sabotaje y terrorismo” nos parecen desproporcionadas para acciones legítimas de dirigentes indígenas y campesinos en el marco de la protesta social por el acceso al agua y el territorio de esta población.

Recordamos que estas comunidades reclaman el reconocimiento y la plena protección de sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en especial al agua, como medio específico de subsistencia y como elemento fundamental para ejercer su Derecho a la Alimentación. Estos Derechos Humanos están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratado internacional ratificado por Ecuador.

Por todo esto, le solicitamos muy respetuosamente que haga todo lo que esté a su alcance para que la Fiscalía y el Poder Judicial archiven el juicio penal por cargos de sabotaje, sedición y terrorismo en contra de los dirigentes CARLOS PÉREZ GUARTAMBEL, FEDERICO GUZMÁN, EFRAÍN ARPI, PABLO QUEZADA E ISAAC LOJANO, quienes realizan acciones en el marco de la protesta legítima de las comunidades afectadas por la aprobación de la actual Ley Minera y por una Ley de Aguas que no incluye las propuestas claves del movimiento indígena y campesino, tales como la prohibición de una minería a cielo abierto que contamine fuentes de agua, como en el caso de Quimsacocha en la provincia del Azuay.

En especial, señor Ministro, le solicitamos analizar la posibilidad de revisar el contenido del Código Penal Ecuatoriano, en especial del artículo 158 relacionado con el delito de sabotaje, sedición y terrorismo, para garantizar que esté en consonancia con los artículos de la Constitución de la República del Ecuador que reconocen los derechos de las personas y comunidades y los estándares internacionales de Derechos Humanos.

Así mismo, le exhortamos señor Ministro a vigilar conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y demás instituciones estatales, la posible violación de las garantías constitucionales que establece la Carta Magna en lo concerniente a los Derechos Humanos de todos (as) los (as) ecuatorianos (as), más aún cuando se percibe una creciente criminalización de la protesta por parte de algunos funcionarios públicos.

Creemos que acusar de terrorismo, sedición y sabotaje a líderes indígenas y campesinos por ejercer su legitimo derecho a la resistencia y a la desobediencia civil frente a la aprobación de leyes que, a su entender,  infringen los Derechos Colectivos de sus comunidades, es un craso error que afectaría gravemente la Democracia y los Derechos Humanos en su país.

Por último, instamos a que se esclarezcan de forma inmediata y se tomen las medidas necesarias para determinar las responsabilidades de los uniformados por los hechos de violencia policial y la detención arbitraria de las que fueron víctimas los dirigentes campesinos e indígenas que participaban en la protesta. 

Atentamente,

 Flavio Luiz Schieck Valente

Secretario General

FIAN Internacional

Cc:

Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades
Dr. Gustavo Jalkh
Benalcázar N4.24 y Espejo

Telf. + 593 2 2958642
Fax + 593 2 2580067
             

Defensoría del Pueblo
Dr. Fernando Gutierrez
Av. De la Prensa N54-97 y Jorge Piedra

Telf. + 593 2 3303431 Ext. 302
Fax + 593 2 3303431  Ext. 307

Quito - Ecuador

Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana
Dra. Alexandra Ocles
Santa Prisca y Pasaje Carlos Ibarra, esquina.

Telf. + 593 2 2289277
Fax + 593 2 2289463
Quito – Ecuador

Defensoría Pública Penal
Ab. Ernesto Pazmiño
Placido Camaño N25-82 y Av. Colon

Telf. + 593 2 3237524 Ext. 0
Fax + 593 2 3237524 Ext. 102
Quito – Ecuador

Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas
Dr. James Anaya
indigenous[at]ohchr.org

Relator Especial por el Derecho a la Alimentación
Dr. Olivier De Schutter
srfood[at]ohchr.org