Excelentísimo Señor Presidente,
Con profunda preocupación he recibido la información de que 54 familias campesinas que conforman la Cooperativa “Cristóbal Castro”, situada en “La Concepción”, departamento de Yoro, están amenazadas por un inminente desalojo de las tierras que legalmente adquirieron. Con el desalojo forzoso anunciado, las familias perderían su base de sustento y por tanto se les privaría de su acceso a la alimentación. Según mis informaciones, la Cooperativa “Cristóbal Castro” ha adquirido el terreno que actualmente cultiva (que es de aprox. 400 manzanas) por contrato de compra y venta a la Sra. Cleotilde Castro, legítima heredera junto a otros descendientes de Cristóbal Castro, conforme instrumento público del 28 de mayo de 2002. Al parecer, existen reclamos de un terrateniente influyente de la región, el Sr. Dagoberto Rosales Padilla, terrateniente quién alega ser dueño de una parte del predio en disputa (aprox. 60 manzanas), y quién en este momento está promoviendo el desalojo y órdenes de captura en contra de las familias campesinas.
Honduras es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que además ha sido adoptado como Ley de la República mediante el Decreto 961-80, publicado en La Gaceta No. 23167 del 30 de junio de 1980. Por lo tanto, toda autoridad del Estado tiene que respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación reconocido en el art. 11 del PIDESC. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano competente de las Naciones Unidas para la vigilancia del PIDESC, ha emitido la Observación General 7 en 1997 que establece y define la prohibición de los desalojos forzosos, y la Observación General 12 de 1999 que hace énfasis en que el Estado debe abstenerse de cualquier medida que pueda privar a personas vulnerables de sus bases de sustento, en particular de desalojos forzosos de grupos campesinos, por su carácter violatorio de las obligaciones del Estado en materia del derecho a la alimentación. Finalmente, cabe subrayar que la Reforma Agraria en Honduras, es un mandato constitucional.
Por lo tanto, le solicito, Sr. Presidente, adoptar en cooperación con las demás autoridades competentes las medidas inmediatas y apropiadas para:
- Detener cualquier intento de desalojo forzoso de la Cooperativa “Cristóbal Castro”;
- Detener cualquier intento de criminalización en contra de los campesinos y las campesinas, miembros de la Cooperativa;
- Garantizar el derecho a la tierra y el derecho humano a la alimentación de las familias campesinas miembros de la Cooperativa “Cristóbal Castro”.
Atentamente